traslado de domicilio

Mercantil

Competencia para acordar traslado del domicilio social dentro del territorio nacional

La DGRN revoca calificación de Registrador que resolvió no practicar inscripción de escritura de acuerdo de consejo de administración de traslado del domicilio social de un municipio a otro, por establecer sus estatutos solo tenía facultad para cambiarlo dentro del mismo término municipal.


Entiende el Centro Directivo que el consejo de administración es competente para trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional cuando los estatutos se limitan a reproducir la norma legal modificada por otra posterior.

La doctrina establece que las referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al régimen legal entonces vigente, sea mediante una remisión expresa o genérica a la Ley o mediante una reproducción en estatutos de la regulación legal supletoria, han de interpretarse como indicativas de la voluntad de los socios de sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada momento.

En este supuesto, el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableció que, «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal». Posteriormente, mediante la modificación de este último precepto legal por la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, se ha ampliado la competencia del órgano de administración «para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional»

Por tanto, en todo supuesto de reproducción estatutaria de las respectivas normas legales que atribuían a los administradores competencia para el cambio de domicilio social consistente en su traslado dentro del mismo término municipal, debe admitirse que después de la entrada en vigor de la modificación legal por la que se amplía la competencia del órgano de administración para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional será ésta la norma aplicable, y así lo reconoce el registrador en la calificación impugnada.

De no aceptarse esta conclusión, las sociedades en cuyos estatutos se reprodujo el derogado artículo 149 de la Ley de Sociedades Anónimas, o el análogo artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital en su redacción anterior a la Ley 9/2015, resultarían agraviadas respecto de aquellas otras en las cuales, por carecer de previsión estatutaria o consistir ésta en una mera remisión a dichos artículos, el órgano de administración puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

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Resolución DGRN de 30 marzo 2016. Registro Mercantil EDD 2016/32227​

Fuente: Actum Actualidad Mementos


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