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Laboral

Cambio de doctrina del TC sobre la videovigilancia en el trabajo

El Pleno del TC desestima el recurso de amparo interpuesto por trabajadora de una tienda de ropa que fue despedida tras comprobarse, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja. Esta sentencia rectifica la doctrina contenida en la STC 29/2013 que exigía a los empresarios informar a sus trabajadores, de forma previa, expresa, clara e inequívoca, sobre la finalidad de instalación de cámaras de captación de la imagen en los puestos de trabajo.

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Entiende el Tribunal que los trabajadores deben ser informados genéricamente de la instalación de cámaras pero sin necesidad de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance del tratamiento de esos datos personales, siendo importante determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, porque sólo cuando la finalidad del tratamiento de datos no guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual estaría obligado el empresario a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.

En el presente caso la empresa no comunicó a los trabajadores la instalación de una cámara, aunque en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Considera el Pleno que, en cuanto que se colocó dicho distintivo, la trabajadora podía conocer la existencia de la cámara y la finalidad para la que había sido instalada, cumpliendo la empresa con la obligación de información previa, pues basta, a estos efectos, con los requisitos específicos de información a través del distintivo.

Además, la medida estaba justificada y era idónea para la finalidad de control pretendida por la empresa de verificar si algunos de los trabajadores cometía las irregularidades, así como necesaria, ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades y equilibrada, pues tal grabación se limitó a la zona de la caja, por lo que no hay lesión alguna del derecho a la intimidad.

Se emiten dos votos particulares, entendiendo el primero de ellos -suscrito por dos Magistrados- que debió de declararse la nulidad del despido porque la instalación de las cámaras se realizó sin informar al empleado de su finalidad concreta, vulnerándose, por tanto, el derecho fundamental a la propia imagen.

El segundo voto considera que la información genérica sobre la instalación de cámaras de videovigilancia dirigida al público es insuficiente en el ámbito laboral, pues no se puede admitir que el empresario, ante cualquier sospecha, esté autorizado a instalar libremente cámaras para el control del trabajo, lo que dejaría sin contenido el derecho fundamental a la protección de datos.


Fuente: ADN Análisis de Novedades​

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