El retraso en el calendario de implantación de la Ley de Dependencia afectará a unas 30.000 personas

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El retraso en el calendario de implantación de la Ley de Dependencia afectará a unas 30.000 personas

La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar un año el calendario  de aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las  Personas en Situación de Dependencia afectará a unos 30.000 dependientes  moderados, según las estimaciones de la Asociación de Directores y  Gerentes de Servicios Sociales, que subraya que con esta medida el  Estado sólo ahorrará un 0,6% del coste total del sistema.

Estas personas valoradas con grado I y nivel 2 se habrían incorporado el 1 de enero al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), pero el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros retrasa hasta 2013 el acceso de estos dependientes a las prestaciones y servicios que les correspondían por ley.

Asimismo, la medida afecta a unos 250.000 dependientes moderados con grado I nivel 1 que también verán retrasado su ingreso en el sistema de dependencia un año, hasta 2014, pues a estos les correspondía en 2013.

En términos económicos, esta entidad estima que el ahorro para las arcas del Estado para el ejercicio 2012, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, alcanza los diez millones de euros, una cantidad "muy escasa", según Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Con el actual sistema de financiación, las comunidades autónomas dejarían de gastar 40 millones de euros en la atención a nuevos dependientes moderados, de manera que el Estado dejaría de incrementar el gasto para este grado de dependencia en cuarenta millones de euros, menos del 0,6% del total de coste neto de atenciones del sistema actual.

En concreto, el coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se sitúa en torno a los 240 euros, de los que las administraciones soportarían 30 euros, la AGE 60 euros y las comunidades autónomas 120 euros (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales).

Si bien la motivación del Gobierno con esta medida es la de reducir el déficit de las administraciones públicas, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el mayor impacto de la misma será de índole organizativa y de gestión para las comunidades autónomas.

No obstante, apuntan a que la moratoria servirá para atender a todas aquellas personas --más de 300.000-- que con el derecho reconocido, muchas de ellas en situación de gran dependencia, permanecen a la espera de recibir una prestación o servicio.


 

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