Al tratarse de una ley orgánica, la Comisión de Hacienda no puede aprobarla con competencia legislativa plena, y es el Pleno el que debe dar luz verde para su remisión a la Cámara Alta, de donde sólo volverá si se añade alguna otra enmienda.
A su paso por el Congreso, la nueva Autoridad ha sufrido diez modificaciones, aunque la mayoría de ellas de carácter técnico. Así, el PP ha incluido cambios relativos a que el estatuto orgánico se apruebe antes de fin de año o a los requisitos sobre la información a la que podrá tener acceso la Autoridad y la confidencialidad que pesará sobre ellos.
Además, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán solicitar informes y estudios a la Autoridad Fiscal, y todos estos documentos y opiniones del organismo independiente estén disponibles en su página web. También se ha previsto que las administraciones públicas puedan presentar alegaciones contra los informes y que se incluyan dichos comentarios en el informe junto con su valoración; así como un reconocimiento expreso de que la AIREF respetará lo dispuesto en la legislación sobre el Régimen Foral Navarro y el Concierto Vasco.
Poco apoyo entre la oposición
Sin embargo, ni siquiera con las pequeñas concesiones a la oposición es previsible que el PP consiga su voto favorable a un organismo que la mayoría critica por su falta de independencia y por considerar que conculca competencias estatales y supone un nuevo paso en la recentralización del Estado.
El proyecto prevé la creación de una nueva institución independiente pero adscrita al Ministerio de Hacienda que analizará las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controlará el cumplimiento de los planes de estabilidad o programas económico-financieros entre otros, pudiendo emitir recomendaciones o activar los mecanismos de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
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