El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta contra las "interpretaciones incorrectas" que se pueden hacer del nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que recoge el decreto ley de reforma laboral, y que prevé deducciones fiscales de 3.000 euros para quien contrate a su primer trabajador menor de 30 años y deducciones fiscales de hasta el 50 por ciento del paro que le quedara por cobrar al empleado si éste procede del desempleo.

Además, fija el periodo de formación en un año, concluido el cual el empresario puede despedir al trabajador sin ningún tipo de compensación.

Para evitar el "abuso en el establecimiento de un periodo de prueba tan alargado", las organizaciones de autónomos piden que se obligue a las empresas que se hayan "beneficiado de las deducciones fiscales o de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social" a reintegrarlas cuando se despida a los trabajadores al cabo de un año de su contratación.

El objetivo último sería "reforzar lo establecido (por el decreto ley en referencia al contrato de formación), que exige el mantenimiento del contrato durante tres años".

Fomentar el trabajo por cuenta ajena

Por otra parte, la propuesta presentada por ATA, UPTA y CEAT incluye la petición de que los emprendedores puedan beneficiarse también de las reducciones previstas en los contratos de formación y aprendizaje, que se elevan al cien por ciento de las cuotas de la Seguridad Social durante los 24 primeros meses de actividad.

En la misma línea, reclaman que los autónomos que cotizan a jornada completa en el Régimen General de la Seguridad Social puedan cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sólo por el "tiempo real" que dedican a sus "actividades alternativas", y no a tiempo completo como sucede actualmente. Asimismo, piden una "reducción del 50 por ciento de las cotizaciones en el RETA a los asalariados a tiempo parcial que dedican el resto de su jornada a trabajar por cuenta propia".

También se solicita una bonificación del 50 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social que abonan los menores de 30 años y las mujeres mayores de 45 años que se den de alta como autónomos colaboradores durante tres años, de manera se reconozca el trabajo de los familiares de los emprendedores.

Con estas iniciativas, las asociaciones proponentes creen que se "combatirían las actividades no declaradas" y se fomentaría el empleo por cuenta propia como alternativa al empleo asalariado, especialmente en algunos colectivos con difícil colocación en el mercado laboral.

Otras propuestas

Por otra parte, los autónomos quieren que se les mencione específicamente en los artículos de la reforma laboral relativos a formación profesional, para que también las organizaciones representativas de este colectivo puedan "participar en el diseño y planificación de los planes específicos" para este tipo de trabajadores.

Asimismo, proponen una nueva disposición fiscal para establecer un "sistema específico de protección por cese de actividad" con los mismos supuestos objetivos que se reconocen para los despidos, es decir, la "disminución del nivel de ingresos o ventas" de manera "persistente", lo que se entenderá "si se produce durante tres trimestres consecutivos". Esto supondría que los trabajadores afectados por los ceses de actividad de autónomos también tendrían derecho a prestaciones por desempleo.

Ley de emprendedores

Finalmente, el documento defiende que la reforma laboral es "necesaria y positiva" y valora que incluya "medidas de fomento de la actividad emprendedora de autónomos y microempresas", aunque insta a avanzar en esta línea a través de la Ley de Apoyo a los Emprendedores que prepara el Gobierno.

A su juicio, en esta norma se deberían incluir medidas como la reducción de los trámites burocráticos y sus costes, la aplicación efectiva de la Ley de Morosidad, la creación de líneas ICO "ágiles y flexibles" para financiar circulante e inversión o el fomento de la cultura emprendedora.

Asimismo, ATA, UPTA y CEAT ven "imprescindible" que se incentive el acceso de los autónomos y las microempresas a las nuevas tecnologías y redes sociales, que se modifique su fiscalidad para que no tengan que abonar el IVA hasta haber cobrado las facturas, y que se incentive el acceso al crédito de las familias para estimular el consumo.