En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha criticado las "prisas y la urgencia con la que se quiere dejar zanjado el debate" sin que haya ninguna necesidad.

"No hay prisas, debemos actuar con responsabilidad y previsión ante la situación actual y futura", ha dicho, recordando que la reforma de 2011 ya incluía medidas "pactadas" para hacer frente a los retos demográficos y económicos, por lo que se debería esperar a ver sus efectos e introducir las correcciones que se hagan necesarias. "Dejemos que se aplique la ley en todo su recorrido porque tendrá grandes resultados", ha apostillado.

Y es que, según la sindicalista, el sistema ha resistido bien la crisis económica, durante la cual se ha usado "una parte mínima" del fondo de reserva, y además sus potenciales problemas no vendrán por su diseño, sino por las "políticas de recortes impuestas día tras día". "Imaginemos que el Gobierno apostara por reactivar la economía para mantener y generar empleo. Nuestro sistema sería más sostenible, ¿verdad?", ha añadido, insistiendo en que "el sistema tiene un problema pero es de empleo, de ingresos, y no de gastos".

En este sentido, ha puesto sobre la mesa que para hacer frente al verdadero reto, que a su juicio es la "falta de ingresos" del sistema "provocada por la reforma laboral", es necesario estudiar cómo incrementar los ingresos por la vía de aportaciones públicas "puntuales" más que por el aumento de las cotizaciones, que "no es solución ni para los trabajadores ni para las pymes".

El factor de sostenibilidad más duro de Europa

Sin embargo, se ha decidido vincular la sostenibilidad de las pensiones a la reducción y eliminación del déficit y se han propuesto dos factores "de los más duros" de Europa y que tendrán "graves consecuencias para los actuales y los futuros pensionistas" ya que "conllevarán un disminución inmediata y continuada de la cuantía de la pensión, y una continua y prolongada pérdida de poder adquisitivo". Asimismo, cree que adelantar la entrada en vigor de este sistema es "innecesario e injusto".

"Éste no es el camino. No hay razones de peso, ni demográficas ni económicas, que puedan justificar la aplicación precipitada de un factor de sostenibilidad. Como tampoco existen argumentos que puedan justificar un recorte excesivo y exagerado de las pensiones. Si se ponen en marcha estos factores de sostenibilidad, nuestro sistema se convertirá en un mecanismo potente para generar más pobreza en nuestro país. La reducción injusta, indiscriminada y desproporcionada de la cuantía de las pensiones no es el camino adecuado para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social", ha hecho hincapié.

Sin noticias del Gobierno

Además, ha criticado que se esté realizando el debate sobre un informe no vinculante sin conocer la postura del Gobierno con respecto al informe de los ‘doce sabios’. "Es importante y necesario que el Gobierno aporte su propuesta, no es posible asumir que se escude o se esconda tras el informe. Debemos preguntarnos si el informe es o no la propuesta del Gobierno; esperemos y confiemos que no lo sea", ha dicho, subrayando que el Ejecutivo debe "quitar incertidumbre" explicitando si quiere cambiar la ley y cómo.

Finalmente, ha instado al Gobierno a "despojarse de presiones externas y dejar de aplicar recortes continuos, dejar de cargar sobre los pensionistas el ajuste del gasto público y concentrarse en políticas para crear empleo, que es el verdadero problema del sistema". "Es necesario defender, garantizar y mejorar (el sistema público de pensiones), en estos momentos más que nunca", ha zanjado.

También el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC.OO., Carlos Bravo, ha criticado que aún no se haya hecho pública la postura del Gobierno, y ha subrayado que su sindicato "no se reconoce ni se siente vinculado" por el informe de los ‘sabios’, sino que sigue apoyando la Ley 27/2011, que ya supone una "reforma profunda", que incluye un "factor de sostenibilidad equilibrado" con tiempos de implantación que deben respetarse, y basado en revisiones "quinquenales sobre todos los parámetros del sistema" y no únicamente orientado a reducir el gasto.

Por eso, ha pedido al Ejecutivo que no regule un factor "de manera anticipada", "sin evaluar los efectos de la última reforma" y "sin consenso político y diálogo social", exigiendo que "eluda" adoptar políticas que "no están siendo determinadas autónomamente" por los agentes pertinentes sino que están "sujetas a exigencias de instituciones sin competencias". "Y si no hay consenso, quienes hoy están en la oposición deben asumir compromisos para, cuando estén en el Gobierno, hacer las cosas con los niveles de acuerdo que se necesitan", ha dicho.

Medidas coyunturales y estructurales

A renglón seguido, ha afirmado que hace falta diferenciar las necesidades coyunturales de las estructurales a las que, según Bravo, ya se hizo frente con la Ley 27/2011. En este sentido, ha defendido que son las "actuales políticas" frente a la crisis –y particularmente la reforma laboral– las que están causando una reducción de los ingresos de la Seguridad Social tanto por la pérdida de afiliados como por la reducción de cotizaciones por las bajadas salariales. "El déficit de hoy no lo provoca la demografía, sino el paro", ha insistido.

"O las políticas de austeridad giran y se complementan con medidas de incentivo económico para crear empleo o las dificultades son evidentes. Hay que modificar de manera profunda la reforma laboral y el esquema de negociación colectiva", ha afirmado. Así, CC.OO. apuesta por "incrementar los ingresos naturales del sistema" a través las cotizaciones pero también plantea "ingresos adicionales" tanto con una reforma fiscal y la lucha contra el fraude y la elusión tributaria, como con un aumento "inmediato" y "temporal" de la cotizaciones de unos dos puntos.

No obstante, cree que hay otras parcelas sobre las que se debe reflexionar, como que las decisiones políticas sobre bonificaciones y reducciones de cuotas sociales no se carguen a la Seguridad Social sino a partidas presupuestarias, que se debata quién debe pagar los costes administrativos de la Seguridad Social, o que los Presupuestos del Estado asuman "parte de los sistemas de protección social" que hoy se cargan contra las cotizaciones y que tienen un carácter asistencial aunque sean "prestaciones derivadas de las contributivas".

"Son debates profundos que no se pueden zanjar en cuatro pinceladas", ha señalado, planteando asimismo la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las cotizaciones a tiempo parcial, pero también los efectos que este fallo judicial tendrá, por ejemplo, sobre los años de cotización necesarios para acceder a una pensión. Asimismo, es urgente abordar la "necesidad social grave" de las 600.000 familias que no tienen ingresos.

Con respecto a la revalorización de las pensiones, Bravo considera que los actuales jubilados deben "tener garantizado su poder adquisitivo" manteniendo el criterio del IPC, y ha alertado sobre la necesidad de "salvaguardar" el fondo de reserva, que fue creado para hacer frente a las tensiones que se generarán cuando la generación del ‘baby boom’ se jubile. Situación que, no obstante, no se mantendrá eternamente, tal y como ha recordado.