El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a reformar el régimen de financiación de las prestaciones por desempleo que, a su juicio, adolece de una "falta homogeneidad" en las fuentes de financiación, con parte de las aportaciones procedentes de empresarios y trabajadores y parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre con la Seguridad Social, que separa las fuentes en función del tipo de prestación al que se destinen los recursos.

En su Informe de la Fiscalización de la Financiación de las Prestaciones Contributivas y no Contributivas gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal señala que la doble vía con la que se financia el modelo de protección por desempleo, que "no especifica ningún reparto determinado de la carga financiera sobre cada una de las fuentes ni supone una afectación expresa de ellos para fines concretos", deriva en "un sistema financiero mixto e indistinto".

SOLAPAMIENTO

Esto causa un "solapamiento" entre el Sistema Nacional de Empleo y el Sistema de Seguridad Social como consecuencia del cual acciones de políticas activas de empleo pueden acabar siendo "financiadas con cargo a las cotizaciones sociales".

A este respecto, el informe recuerda que las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en enero de 2011 incluían específicamente la resolución de que "las políticas activas de empleo que introduzcan bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social deberán efectuarse exclusivamente con cargo a la fiscalidad general".

Así, el Tribunal apunta que, aunque el modelo de financiación de la protección por desempleo permite "una flexibilidad financiera adecuada al principio de universalidad", actualmente se está apartando del sistema general de separación de fuentes de financiación característico del Sistema de Seguridad Social.

Por ello, pide que se estudie la posibilidad de impulsar un nuevo régimen de financiación de las "prestaciones contributivas y asistenciales del SPEE con el del resto de entidades que gestionan las prestaciones derivadas de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social", tal y como sucede con las cotizaciones por formación profesional, que "deben destinarse legalmente a los gastos de formación profesional para el empleo".

Por otra parte, el documento recomienda al Ministerio de Trabajo estudiar la posibilidad de impulsar un Fondo en el Servicio Público de Empleo Estatal que, financiado permanentemente por las arcas estatales, permita hacer acopio de recursos en las épocas de crecimiento económico para dotar de reservas al sistema a largo plazo.

Este fondo podría proporcionar, a juicio del tribunal, reservas para "atenuar los ciclos económicos bajos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio financiero a largo plazo".

"Este fondo podría constituirse siempre y cuando la Administración General del Estado asuma de forma permanente la financiación de acciones de la protección por desempleo de naturaleza asistencial –subsidios por desempleo y políticas activas de empleo– a excepción del subsistema de formación profesional, cuya financiación debe ser a cargo de las cuotas de formación profesional", recoge el documento.

REGULARIZAR LAS CUENTAS

Por otra parte, también se insta al departamento dirigido por Fátima Báñez a "incluir en la Orden Anual de distribución territorial de fondos para las políticas activas de empleo que son gestionadas por las comunidades autónomas la obligación de que estas administraciones acrediten en su totalidad ante el SPEE, también respecto a los remanentes de fondos comprometidos, la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que se otorgó la subvención".

Por último, el documento reclama al Servicio Público de Empleo Estatal que "regularice la deuda que mantiene con la Tesorería General de la Seguridad Social", que se eleva a 72,56 millones de euros por operaciones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo cargadas por la Tesorería General en diciembre de 2000 y no registradas por el SPEE.