El Gobierno tiene previsto abrir en la primera quincena de mayo las negociaciones con los grupos parlamentarios en relación con la Ley de Transparencia para determinar a qué instituciones, de entre las que reciben financiación pública, afecta esta norma. Aunque aún no hay una propuesta cerrada, se estudia la posibilidad de poner el umbral en el 51% de fondos públicos, según han informado fuentes gubernamentales.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 26 de febrero, en el marco del Debate de la Nación, una resolución en la que instaba a extender el espíritu de la Ley de Transparencia a "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público". Este texto contó con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, CC, PNV y UPN, mientras que PSOE e Izquierda Plural se abstuvieron.

Al hilo de ese acuerdo parlamentario, el Gobierno está analizando qué instituciones se financian principalmente a través de dinero público para saber con claridad cuáles son las que se verán afectadas por la Ley de Transparencia, que está en este momento en trámite parlamentario.

Se trata de determinar cuál es el porcentaje de fondos públicos en el que se pondrá el corte para someterse a la ley y que podría situarse a partir del 51%, un dato que aún no está del todo cerrado dado que presenta dificultades de encaje.

Para ilustrar las complicaciones de esa redacción, fuentes gubernamentales ponen el ejemplo de que una ONG puede recibir un año un 70% de dinero público en proyectos y al año siguiente descender hasta el 40%. "¿Qué hacemos con los picos y valles? ¿Un año se somete a la ley y otro no?", se preguntan en el Ejecutivo.

El Ejecutivo quiere aprovechar estos días de abril para avanzar en este asunto con el fin de presentar a los grupos parlamentarios una propuesta en las negociaciones que se abrirán a partir de mayo, han indicado las fuentes consultadas.

El Gobierno quiere llegar al máximo consenso con los grupos parlamentarios antes de que se abra el plazo de enmiendas a la norma, en aspectos como las instituciones que se someterán a la ley y lo relativo a la Casa Real. En principio, espera que la norma se apruebe en el Congreso antes del verano y sea remitida al Senado.

Casi perfilado como se someterá la Casa Real

Fuentes del Gobierno han asegurado que están muy avanzadas las conversaciones con la Casa del Rey para ver su encaje en la Ley de Transparencia. Se pretende que se sometan a esta norma "todos los contratos" que asumen otros Ministerios, esto es, todos aquellos aspectos sujetos al derecho administrativo, como los gastos de personal de la Zarzuela.

En esta línea, se prevé dar a conocer gastos relativos a viajes oficiales o gastos de jardinería. Según el diario El País, se está negociando incluso si se detalla la asignación que el Monarca reparte entre la Reina, la princesa de Asturias y las Infantas.

También la Iglesia quedará sometida en parte a la Ley de Transparencia en tanto que es receptora de dinero público. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo el pasado viernes que "si es una institución que mayoritariamente recibe fondos públicos", sí estará dentro de la ley.