El desacuerdo entre los Veintisiete y la Eurocámara hizo fracasar hace dos años el anterior intento de modificar esta norma. El Parlamento pedía suprimir estas excepciones pero la mayoría de los Gobiernos, liderados por Reino Unido y con la oposición de España, solicitaron que se mantuvieran, ampliando la jornada laboral a un máximo de 65 horas semanales.

Ahora, los agentes sociales se han acogido a una disposición del Tratado que les permite asumir directamente la negociación de la reforma. Según el Tratado, tienen total autonomía sobre la estructura y el contenido de las discusiones y disponen de 9 meses para cerrar un pacto.

Si lo logran, la Comisión presentará una propuesta para convertir el acuerdo en la nueva legislación de la UE. Durante el periodo de negociaciones, Bruselas no tiene previsto poner sobre la mesa nuevas iniciativas, pero si fracasan sí que planteará sus propios planes, según ha informado en un comunicado.

Hasta ahora, patronal y sindicatos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la legislación. Pero difieren en los objetivos, ya que los empresarios reclaman más flexibilidad y los representantes de los trabajadores un mayor nivel de protección.

La reforma de la legislación es imprescindible debido a varias sentencias del Tribunal de Luxemburgo que consideran que las guardias médicas o en otras profesiones deben considerarse tiempo de trabajo. Si se aplica esta jurisprudencia, prácticamente todos los Estados miembros incumplen la norma actual.