El Rey ha sancionado este martes la segunda reforma de la Constitución, que consagra el principio de estabilidad presupuestaria, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

En una ceremonia en el Palacio de la Zarzuela de apenas cinco minutos y en la que han estado representados los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y acompañada por la Reina, el Rey ha recibido en el Salón de Audiencias del Palacio a los asistentes al histórico acto apoyado en una muleta, ya que el monarca lleva en el pie izquierdo una férula con un tacón incorporado tras la operación del tendón de Aquiles a la que se sometió el pasado cinco de septiembre.

La ceremonia ha arrancado con la lectura por parte del jefe de Protocolo de la Casa del Rey, Alfonso Sanz, del trámite de comunicación de la reforma trasladado al monarca por los presidentes de las Cortes, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, presentes en Zarzuela.

A continuación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha refrendado el texto con su firma y el Rey posteriormente lo ha sancionado. Sólo entonces para estampar su firma el monarca se ha desprendido de la muleta, que dejó apoyada mientras escribía ligeramente inclinado sobre la mesa.

Una vez sancionada la ley, el Rey y el resto de los asistentes han posado para una foto de familia. Además de los ya mencionados, acudieron al acto los presidentes del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

Tras la foto, los asistentes se quedaron unos minutos charlando entre ellos en el Salón de Audiencias. "La segunda reforma de la Constitución…", le dijo Zapatero al Rey al iniciar una conversación entre ellos.

REVISIÓN DEL ARTÍCULO 135.

La segunda reforma en la historia de la Constitución española modifica su artículo 135 para incluir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas.

Hasta ahora, la única reforma que había conocido la Constitución se remonta a 1992, cuando se añadió al artículo 13.2 la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.

La Carta Magna se adecuaba así al Tratado europeo de Maastrich, firmado ese mismo año y que establecía que "todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida".

En esa ocasión, como ha ocurrido ahora con la modificación del artículo 135, la reforma de la Constitución no se sometió a referéndum porque el número de diputados y senadores que solicitó la consulta popular no alcanzó el mínimo establecido.

La reforma de 1992 fue pues sancionada y promulgada por el Rey en un acto en el Palacio Real el 27 de agosto de ese año, y publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado.

La diferencia más notable entre ese acto y el de hoy es que en 1992 se invitó al Palacio Real a diputados y senadores, mientras que en esta ocasión los representantes del poder legislativo se limitaban a los presidentes de ambas Cámaras. Fuentes de Casa Real han apuntado que el acto de hoy se realiza tras la disolución de las Cortes.