La iniciativa, presentada por la Izquierda Plural, reclamaba que antes de final de este mes se presente el informe anual de la reforma, y que dicho documento sea analizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que dé "una constatación externa" de los resultados.

El portavoz de Empleo de la coalición, Joan Coscubiela, ha recordado que la propia legislación laboral recoge la obligación de presentar un informe anual sobre los efectos de la reforma, un documento de "gran trascendencia política" porque "de él puede desprenderse la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral" en el Consejo Europeo de estos días.

Sin embargo, ni siquiera se han establecido aún los parámetros que se tendrán en cuenta para este informe ni si sabe si se analizarán en función de los "objetivos bondadosos de la exposición de motivo, los mágicos anunciados por el Gobierno o los ocultos y que han resultado ser los verdaderos". Y todo como consecuencia entre otras cosas del "apagón estadístico impuesto" por el PP.

Fechas más realistas

Sin embargo, Álvarez-Arenas ha recordado que el mes de junio se acaba en apenas unos días, por lo que ha presentado una enmienda proponiendo fijar el mes de julio como plazo y sugiriendo sustituir la fiscalización de la OIT por "un organismo independiente". "Que se encargue la OCDE me parece un abuso. Es como plantear una auditoría de las bondades del Catolicismo a la Santa Sede", ha replicado Coscubiela.

La diputada ‘popular’ ha insistido, no obstante, en que julio es una fecha "más realista" y en que la redacción sobre el organismo internacional independiente propuesta por su grupo no presuponía inclinarse por ninguna organización en particular. Además, ha criticado los "juicios de valor" de Coscubiela y ha defendido que la reforma "no es para crear empleo de manera inmediata, sino para preparar el mercado laboral para cuando haya crecimiento y que no hagan falta unas cotas de más del 2% para crear puestos de trabajo" así como para, en un primer momento, "frenar la sangría del desempleo, algo que demuestran los datos".

Así las cosas, y a pesar de la similitud de ambas redacciones y de que el PP ha propuesto incluso votar cada punto por separado para que pudiera salir adelante al menos la referencia a la presentación del balance, Coscubiela ha rechazado el texto transaccional, por lo que finalmente la votación ha sido de su proposición original, que ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo el mayoritario.

Iluminar el debate

El exministro Jesús Caldera, del PSOE, está "totalmente de acuerdo" con la iniciativa porque, "si siempre es necesario hacer una evaluación de cualquier política pública, más lo es cuando se ven sus efectos devastadores" como sucede, según él, en este caso porque se trata de una legislación "procíclica" que ha empeorado la crisis. "Ha sido un verdadero error", ha añadido.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ve "urgente" que se presente este informe para que "ilumine el debate y ayude a clarificar las discrepancias" sobre unos datos que, a su juicio, "hablan por sí solos sin necesidad de análisis más sofisticados". "Si realmente el Gobierno quiere evaluar lo que sucede en el mercado de trabajo debería mantener las estadísticas e incluso mejorarlas", ha apostillado.

Por CiU, Carles Campuzano ha señalado que aunque los nacionalistas catalanes "discrepan" habitualmente de la Izquierda Plural tanto en el "diagnóstico de los problemas del mercado de trabajo como en el de sus soluciones", en este caso sí coinciden en "la necesidad de que se realice el balance del Gobierno y de organismos independientes".