El REAF del Consejo General de Colegios de Economista, presenta el panorama de la fiscalidad autonómica 2012

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El REAF del Consejo General de Colegios de Economista, presenta el panorama de la fiscalidad autonómica 2012

El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Colegios de Economistas de España analiza el desarrollo de la capacidad normativa que tienen las Comunidades Autónomas respecto del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta ocasión el Panorama queda incompleto a la espera de que todas las Autonomías aprueben sus normas presupuestarias.

Este año la principal novedad es el restablecimiento por la norma estatal del Impuesto sobre el Patrimonio. Aunque las Comunidades tienen capacidad para regular mínimos exentos, tarifa, deducciones y bonificaciones, sin embargo han hecho poco uso de la misma, excepto Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana que lo han desactivado en sus territorios con una bonificación del 100%. Los territorios forales también han optado por rescatar este impuesto y, además, en términos parecidos a la modificación estatal.

Como conclusión, los economistas asesores fiscales destacan los siguientes:

- La utilización de la capacidad normativa por las Comunidades ha sido muy alta en el Impuesto sobre la Renta, en Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no así en el Impuesto sobre el Patrimonio.

- Los beneficios fiscales regulados, tales como las deducciones en el IRPF, las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o la aplicación de tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es muy restrictiva, si se hace excepción de Sucesiones, sometiendo el disfrute de estas ventajas a una regulación muy complicada.

- Consecuencia de lo anterior es que el impacto recaudatorio de todo este despliegue normativo es casi siempre intrascendente.

- La técnica legislativa empleada por las Autonomías creemos que, en muchos casos, entraña problemas, no solo por ser confusa, sino porque a veces se incumplen principios tributarios básicos o normativa comunitaria.

- El control de los beneficios fiscales que se regulan se hace muy difícil, sobre todo cuando se establecen requisitos de cumplimiento en los ejercicios posteriores al de la autoliquidación en la que se aplican.

- Los contribuyentes encuentran difícil aplicar correctamente las normas de su Comunidad, no solo porque son complejas, sino también a veces porque ni siquiera las conocen. Es llamativo el caso de Navarra en cuanto a algunos porcentajes de retención.

- La crisis económica ha traído la tendencia de subir tipos en IRPF y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Los tipos impositivos marginales del IRPF se han colocado entre los cuatro más elevados de Europa, lo que puede disuadir a personas con rentas muy altas de establecer su residencia en nuestro país.

- El 85% de la recaudación estatal se consigue a través del IRPF, IVA e IIEE. En el estado actual, parece que el único de estos tributos con capacidad para incrementar su recaudación subiendo los tipos es el IVA.

- Aunque el Impuesto sobre Sociedades no es objeto de este estudio por no tener cedida su recaudación ni su capacidad normativa a las CCAA, de los datos de recaudación analizados, con un descenso de la misma en 2010 de dos tercios respecto a la de 2007, concluimos que es preciso su urgente reforma.


Este año la principal novedad es el restablecimiento por la norma estatal del Impuesto sobre el Patrimonio. Aunque las Comunidades tienen capacidad para regular mínimos exentos, tarifa, deducciones y bonificaciones, sin embargo han hecho poco uso de la misma, excepto Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana que lo han desactivado en sus territorios con una bonificación del 100%. Los territorios forales también han optado por rescatar este impuesto y, además, en términos parecidos a la modificación estatal.

Como conclusión, los economistas asesores fiscales destacan los siguientes:

- La utilización de la capacidad normativa por las Comunidades ha sido muy alta en el Impuesto sobre la Renta, en Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no así en el Impuesto sobre el Patrimonio.

- Los beneficios fiscales regulados, tales como las deducciones en el IRPF, las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o la aplicación de tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es muy restrictiva, si se hace excepción de Sucesiones, sometiendo el disfrute de estas ventajas a una regulación muy complicada.

- Consecuencia de lo anterior es que el impacto recaudatorio de todo este despliegue normativo es casi siempre intrascendente.

- La técnica legislativa empleada por las Autonomías creemos que, en muchos casos, entraña problemas, no solo por ser confusa, sino porque a veces se incumplen principios tributarios básicos o normativa comunitaria.

- El control de los beneficios fiscales que se regulan se hace muy difícil, sobre todo cuando se establecen requisitos de cumplimiento en los ejercicios posteriores al de la autoliquidación en la que se aplican.

- Los contribuyentes encuentran difícil aplicar correctamente las normas de su Comunidad, no solo porque son complejas, sino también a veces porque ni siquiera las conocen. Es llamativo el caso de Navarra en cuanto a algunos porcentajes de retención.

- La crisis económica ha traído la tendencia de subir tipos en IRPF y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Los tipos impositivos marginales del IRPF se han colocado entre los cuatro más elevados de Europa, lo que puede disuadir a personas con rentas muy altas de establecer su residencia en nuestro país.

- El 85% de la recaudación estatal se consigue a través del IRPF, IVA e IIEE. En el estado actual, parece que el único de estos tributos con capacidad para incrementar su recaudación subiendo los tipos es el IVA.

- Aunque el Impuesto sobre Sociedades no es objeto de este estudio por no tener cedida su recaudación ni su capacidad normativa a las CCAA, de los datos de recaudación analizados, con un descenso de la misma en 2010 de dos tercios respecto a la de 2007, concluimos que es preciso su urgente reforma.

 

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