La Junta y el Tribunal Superior de Justicia protegerán a las personas desahuciadas

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La Junta y el Tribunal Superior de Justicia protegerán a las personas desahuciadas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el  presidente del TSJ de Castilla y León, José  Luis Concepción, han firmado un protocolo de actuación en  materia de protección de las personas en situación de pérdida de vivienda  habitual por causa de ejecución hipotecaria.

"Dentro del panorama que existe va a ser tremendamente útil", ha aseverado Concepción en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "en estos tiempos de crisis económica, los jueves y magistrados deben estar expectantes".

El convenio suscrito, enmarcado dentro del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta, pretende establecer una colaboración permanente entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como establecer un marco de actuación e intercambio en los casos en los que un procedimiento de ejecución hipotecaria tenga como resultado el desalojo de la vivienda habitual de una familia de la Comunidad.

Para ello, el protocolo fomentará el intercambio de información, que permitirá planificar mejor las actuaciones en la materia, con el objetivo de tener una mayor y mejor información sobre el impacto de la crisis en las familias de Castilla y León y su repercusión en los órganos judiciales de manera que se mejore la planificación y dimensionamiento de los servicios de interlocución hipotecaria de las administraciones autonómica y local.

Intercambio técnico

También, favorecerá el intercambio técnico para buscar la máxima adecuación de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico. A tal efecto, se constituirá una comisión de seguimiento que podrá organizar acciones formativas e informativas monográficas y emitir documentos orientadores para la acción de los operadores sociales y jurídicos.

El acuerdo contempla, además, la puesta en marcha de un protocolo de actuación en casos de vulnerabilidad, diseñado con el objetivo de evitar o mitigar situaciones en las que se pueda apreciar que los demandados en un procedimiento de ejecución hipotecaria pudieran encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad o desvalimiento.

Este protocolo prevé que, en los casos en los que el juez, durante el despacho del asunto, albergara dudas razonables sobre la capacidad de los ejecutados para afrontar la situación de pérdida de vivienda, los Servicios Sociales de la Junta podrán emitir, si el juez lo considera, un informe sobre la situación de vulnerabilidad.

Asimismo, contempla la posibilidad de que, en los casos en los que sean los Servicios Sociales autonómicos los que tengan conocimiento de que se va a proceder al desalojo forzoso, con total acatamiento de la ejecutivdad del acto y respetando la independencia judicial, se informe del riesgo existente, de haberse apreciado así, mediante un informe elaborado sobre la situación concreta.

Estas acciones no pretenden, en ningún caso, provocar dilaciones indebidas en el procedimiento de ejecución, sino buscar de manera conjunta las alternativas que sean posibles y considerar los intereses de orden superior conforme a la Norma Constitucional y a los tratados internacionales de los que España es parte.

Desde la puesta en marcha del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, pionero a nivel nacional, la Junta ha recibido más de un millar de solicitudes. Del total de cuestiones consolidadas, el 90 por ciento se han resulto ya y, de ellas, 295 lo han hecho sin interlocución con entidades financieras y 101 con interlocución, lo que ha originado 58 reestructuraciones, 25 daciones en pago y 18 acuerdos diferentes a la ejecución o lanzamiento hipotecario.


"Dentro del panorama que existe va a ser tremendamente útil", ha aseverado Concepción en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "en estos tiempos de crisis económica, los jueves y magistrados deben estar expectantes".

El convenio suscrito, enmarcado dentro del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta, pretende establecer una colaboración permanente entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como establecer un marco de actuación e intercambio en los casos en los que un procedimiento de ejecución hipotecaria tenga como resultado el desalojo de la vivienda habitual de una familia de la Comunidad.

Para ello, el protocolo fomentará el intercambio de información, que permitirá planificar mejor las actuaciones en la materia, con el objetivo de tener una mayor y mejor información sobre el impacto de la crisis en las familias de Castilla y León y su repercusión en los órganos judiciales de manera que se mejore la planificación y dimensionamiento de los servicios de interlocución hipotecaria de las administraciones autonómica y local.

Intercambio técnico

También, favorecerá el intercambio técnico para buscar la máxima adecuación de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico. A tal efecto, se constituirá una comisión de seguimiento que podrá organizar acciones formativas e informativas monográficas y emitir documentos orientadores para la acción de los operadores sociales y jurídicos.

El acuerdo contempla, además, la puesta en marcha de un protocolo de actuación en casos de vulnerabilidad, diseñado con el objetivo de evitar o mitigar situaciones en las que se pueda apreciar que los demandados en un procedimiento de ejecución hipotecaria pudieran encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad o desvalimiento.

Este protocolo prevé que, en los casos en los que el juez, durante el despacho del asunto, albergara dudas razonables sobre la capacidad de los ejecutados para afrontar la situación de pérdida de vivienda, los Servicios Sociales de la Junta podrán emitir, si el juez lo considera, un informe sobre la situación de vulnerabilidad.

Asimismo, contempla la posibilidad de que, en los casos en los que sean los Servicios Sociales autonómicos los que tengan conocimiento de que se va a proceder al desalojo forzoso, con total acatamiento de la ejecutivdad del acto y respetando la independencia judicial, se informe del riesgo existente, de haberse apreciado así, mediante un informe elaborado sobre la situación concreta.

Estas acciones no pretenden, en ningún caso, provocar dilaciones indebidas en el procedimiento de ejecución, sino buscar de manera conjunta las alternativas que sean posibles y considerar los intereses de orden superior conforme a la Norma Constitucional y a los tratados internacionales de los que España es parte.

Desde la puesta en marcha del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, pionero a nivel nacional, la Junta ha recibido más de un millar de solicitudes. Del total de cuestiones consolidadas, el 90 por ciento se han resulto ya y, de ellas, 295 lo han hecho sin interlocución con entidades financieras y 101 con interlocución, lo que ha originado 58 reestructuraciones, 25 daciones en pago y 18 acuerdos diferentes a la ejecución o lanzamiento hipotecario.

 

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