En concreto, el Legislativo le pide que endurezca las penas por los delitos de fraude fiscal, aumente el plazo de prescripción de los delitos fiscales, y establezca obligaciones de información a las entidades financieras para las transferencias a los paraísos fiscales, así como que penalice fiscalmente dichas transferencias.

También le insta a estudiar la posible estructuración de una policía fiscal; a defender ante los organismos internacionales el aislamiento de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países; impulsar la coordinación entre las Agencias Tributarias y de estas con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social; implementar las medidas legales y normativas de su competencia para evitar la utilización abusiva de las personas jurídicas; y perseguir los movimientos y planificaciones de fraude interterritorial e internacional.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN esgrime razones de "justicia, equidad y recaudación" para instar al Estado a "defender ante los organismos internacionales el aislamiento de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países".