Según ha explicado, esta cifra atiende a la existencia de un problema social y político "en ebullición", si bien hay que precisar que no todos los casos señalados pertenecen a desahucios de primera vivienda, ya que "la inmensa mayoría" corresponden a locales de negocio.

El CGPJ carece de estadísticas para conocer cuántos caos del total pertenecen a casos de ejecuciones hipotecarias de primera vivienda, aunque calcula que el porcentaje estará en torno al 10 por ciento del total señalado.

Moliner ha recordado que el CGPJ está actuando frente a este problema social y que hoy mismo ha suscrito un convenio con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, José Manuel Rey, para atender a personas desahuciadas de su vivienda que puedan estar en situación de emergencia social.

En estos casos, el juez avisará a los servicios sociales para que se atienda a estas personas antes de proceder al lanzamiento. Se trata de una actuación que ya se lleva a cabo en otros lugares, como Barcelona, y que realizan jueces en otros lugares de España a nivel personal.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, Moliner ya destacó que las ejecuciones hipotecarias habían registrado un incremento del 134,13% durante los primeros tres trimestres de 2012, acarreando la "consiguiente creación de un conflicto social".

Moliner, convocado en esta ocasión para dar cuenta de la última Memoria del CGPJ, que contiene datos correspondientes a 2011, también ha adelantado datos del pasado año y ha destacado un "aumento tremendo" en los últimos meses de los procedimientos de despidos de trabajadores.

Frente incremento del trabajo en los juzgados, Moliner ha advertido que la ratio de jueces por ciudadano en nuestro país no alcanza la media europea y ha reconocido que la situación económica "pone inconvenientes" para muchas de las medidas de mejora que se plantean desde el órgano de gobierno de los jueces.

Así, ha señalado que actualmente trabajan algo más de 5.000 jueces en España y que tras las últimas incorporaciones hay que tener en cuenta que en 2012 no hubo oposiciones. Pese a que se ha conseguido convocatoria de 50 plazas para este año, Moliner reconoce que éstas "difícilmente" cubrirán las necesidades actuales.

Ganar la confianza

Además, el presidente del CGPJ ha reconocido que su principal objetivo es el de recuperar la confianza de la ciudadanía, y que entre otras medidas el Consejo inició en 2012 un plan de austeridad y ha ido reduciendo sus presupuestos para amoldarse a la crisis. El presupuesto ha pasado de los 74 millones de 2011, en números redondos, a los 62 previstos para el actual de ejercicio.

Igualmente, se puso en marcha una Unidad de Atención Ciudadana que en 2011 y 2012 han recibido en torno a 14.000 quejas anuales. A raíz de estas se abrieron 16 expedientes disciplinarios a jueces, según ha explicado el presidente del CGPJ.

A juicio de Moliner, "la relación con la ciudadanía no se acaba de percibir, pero existe". Ha recordado que cuando él era el presidente de lo Social del Tribunal Supremo, situado frente al edificio del CGPJ, creía que esta institución "era un desastre". "Una vez dentro no lo veo así, se está trabajando con notable acierto", ha concluido.