La presentación de estas enmiendas se produce después de que se haya ampliado el plazo desde la fecha inicialmente fijada del 11 de abril, un día antes de que se debatieran las enmiendas a la totalidad.

En el debate a la totalidad del pasado miércoles, el Grupo Popular logró tumbar los vetos de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Esquerra (ERC) y el BNG con el apoyo de CiU, así como las peticiones de Grupo Mixto y PSOE para que, una vez debatidas las enmiendas parciales en la Comisión de Empleo, el texto volviera al Pleno del Congreso.

Así, una vez se hayan presentado estas enmiendas parciales, se iniciará el debate en la Comisión de Empleo y, una vez culminado, el texto se remitirá a la Cámara Alta. Además, una ponencia de diputados designada por esta Comisión redactará un informe que será debatido junto a las aportaciones de los grupos.

El PSOE quería que la Comisión de Empleo permitiera citar a los sindicatos CC.OO. y UGT y a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para exponer su punto de vista sobre la reforma antes del debate de enmiendas, pero la petición ha sido rechazada por el PP.

El objetivo de los socialistas era escuchar a los agentes sociales antes de presentar las enmiendas parciales para incorporar sus sugerencias, aunque diferentes miembros del Gobierno han afirmado en las últimas semanas que no se modificará ningún aspecto sustancial de la reforma laboral, sino que sólo se aceptarán cambios técnicos.

Durante el debate de enmiendas a la totalidad los grupos parlamentarios expusieron algunos de los cambios que previsiblemente se traducirán en enmiendas parciales. Si bien, no especificaron qué volumen de propuestas llevarán a la mesa de la Comisión de Empleo, salvo el diputado de PNV, Emilio Olabarría, quien avanzó que su formación presentar un total de 70 enmiendas.

En el caso de CiU, fuerza en la que el PP se ha apoyado para sacar adelante la reforma laboral, el diputado Carles Campuzado avanzó que la norma presenta posibles "vicios de inconstitucionalidad" en materia de competencias autonómicas y apostó por abrir un debate sobre la creación de un contrato de formación dual y por dar más capacidad de gestión de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas.