La Ley de Transparencia inicia su camino en el Congreso con diez partidos pidiendo su devolución al Gobierno

Jurídico

La Ley de Transparencia inicia su camino en el Congreso con diez partidos pidiendo su devolución al Gobierno

IU-ICV-CHA, UPyD y cuatro partidos del Mixto lo ven insuficiente mientras CiU y PNV cargan contra los artículos sobre 'buen gobierno'.

El proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y ha sido objeto de análisis por parte de una veintena de expertos desde enero, va a arrancar su tramitación formal en la Cámara haciendo frente a diez enmiendas de totalidad de otros tantos partidos que reclaman su devolución al Gobierno.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, han registrado enmiendas de totalidad la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD, el PNV y cuatro formaciones del Grupo Mixto: Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC. Además, los independentistas catalanes han registrado un texto alternativo con su propia propuesta legislativa en esta materia.

En líneas generales, todos estos partidos juzgan insuficiente el texto del Gobierno, entre otras cosas porque ha sido ampliamente superado por los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Constitucional, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la norma.

Así, todos ellos critican que, aunque hay un pacto para imponer obligaciones de transparencia a partidos, agentes sociales e incluso la Corona, no se ha especificado cómo va a afectar exactamente la ley a estos organismos. También se quejan de que no se ha concretado qué entidades privadas que reciben financiación pública, como por ejemplo la confesiones religiosas, estarán concernidos por la ley, así como de los amplios límites que fija el proyecto para el acceso a la información pública.

Por su parte, la Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo coinciden en rechazar el texto del Gobierno porque no contempla el acceso a la información como un derecho fundamental y no tiene, por tanto, carácter orgánico. La mayoría de estos partidos también demandan que la Agencia de Transparencia que velará por el cumplimiento de la ley sea un órgano independiente y no dependiente del Gobierno como plantea el texto original.

Nacionalistas contra la invasión de competencias

Por su parte, CiU y PNV, que coinciden en parte de estas demandas, han decidido finalmente pedir su devolución al Gobierno fundamentalmente por la invasión de competencias que, a su juicio, implica la regulación sobre 'buen gobierno' que plantea el Ejecutivo. También el BNG y ERC han criticado este punto.

Durante la jornada de este martes, nacionalistas catalanes y vascos han intentado arrancar del Ejecutivo el compromiso de introducir algunos cambios en el proyecto de ley, sobre todo en la parte relativa al 'buen gobierno'. Sin embargo, dado que el Gobierno no ha accedido a sus peticiones han optado por registrar cada uno su enmienda de totalidad, pero con idéntico contenido.

Tanto CiU como el PNV coinciden en rechazar los preceptos sobre 'buen gobierno' que otorgan al Ministerio de Hacienda la facultad de sancionar e incluso cesar a alcaldes y miembro de corporaciones locales por malas prácticas en el uso de fondos públicos.

A su juicio, el proyecto implica una "clara extralimitación del ámbito competencial" y sitúa a los órganos autonómicos y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales" vulnerando su autonomía política.

ERC: la Corona y la Familia Real al completo

En el texto alternativo que ha presentado ERC, los independentistas catalanes vinculan el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución, es decir, le otorgan carácter orgánico. Además, establece que su ejercicio debe ser gratuito.

Respecto al ámbito de aplicación, mencionan expresamente la "Jefatura del Estado, la Corona y la Familia Real", el "Ministerio Fiscal y todos los tribunales de justicia", la Administración General del Estado y la Administración local --pero no la autonómica-- y otros organismos como la Seguridad Social o las fundaciones del sector público.

También proponen aplicar las obligaciones de transparencia a cualquier otra asociación, organismo, sociedad, entidad o federación que reciba dinero público, "exclusivamente respecto al destino de este dinero público" y, se explicita la afectación de "las organizaciones confesionales, los partidos políticos y los agentes sociales".

Además, apuestan por el conocido como silencio positivo --en lugar del negativo que establece el texto del Gobierno-- de manera que si el organismo interpelado no responde al peticionario quede obligado a darle la información demandada en un plazo determinado de tiempo. Piden una Agencia de la Transparencia independiente y que en seis meses el Ejecutivo presente un proyecto de Ley de Regulación de los grupos de interés o lobbies.

En cuanto al PSOE, mantiene reparos de fondo a asuntos como la independencia de la agencia de evaluación de transparencia o las medidas de buen gobierno, que tachan de inconstitucionales, pero han renunciado a presentar enmienda de totalidad contra el proyecto del Gobierno esperando que se logre algún acuerdo cuando se empieza a debatir el articulado de la ley.

Primer debate, 30 de mayo

Las enmiendas de totalidad y el texto alternativo de ERC se debatirán en el Pleno del Congreso el 30 de mayo. La defensa del proyecto de ley correrá a cargo, previsiblemente de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según el calendario previsto, el 11 de junio los grupos presentarán sus enmiendas parciales, que se debatirán después en ponencia y comisión. Antes de su remisión al Senado, lo que podría ocurrir en julio, el Pleno del Congreso celebrará un segundo debate sobre la ley.

La tramitación en la Cámara Alta se iniciará a la vuelta del verano y la norma se aprobará definitivamente en otoño, aunque la parte relativa a transparencia no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el BOE para que la administración tenga tiempo de preparar toda la información que deberá hacer pública.


El proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y ha sido objeto de análisis por parte de una veintena de expertos desde enero, va a arrancar su tramitación formal en la Cámara haciendo frente a diez enmiendas de totalidad de otros tantos partidos que reclaman su devolución al Gobierno.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, han registrado enmiendas de totalidad la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD, el PNV y cuatro formaciones del Grupo Mixto: Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC. Además, los independentistas catalanes han registrado un texto alternativo con su propia propuesta legislativa en esta materia.

En líneas generales, todos estos partidos juzgan insuficiente el texto del Gobierno, entre otras cosas porque ha sido ampliamente superado por los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Constitucional, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la norma.

Así, todos ellos critican que, aunque hay un pacto para imponer obligaciones de transparencia a partidos, agentes sociales e incluso la Corona, no se ha especificado cómo va a afectar exactamente la ley a estos organismos. También se quejan de que no se ha concretado qué entidades privadas que reciben financiación pública, como por ejemplo la confesiones religiosas, estarán concernidos por la ley, así como de los amplios límites que fija el proyecto para el acceso a la información pública.

Por su parte, la Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo coinciden en rechazar el texto del Gobierno porque no contempla el acceso a la información como un derecho fundamental y no tiene, por tanto, carácter orgánico. La mayoría de estos partidos también demandan que la Agencia de Transparencia que velará por el cumplimiento de la ley sea un órgano independiente y no dependiente del Gobierno como plantea el texto original.

Nacionalistas contra la invasión de competencias

Por su parte, CiU y PNV, que coinciden en parte de estas demandas, han decidido finalmente pedir su devolución al Gobierno fundamentalmente por la invasión de competencias que, a su juicio, implica la regulación sobre 'buen gobierno' que plantea el Ejecutivo. También el BNG y ERC han criticado este punto.

Durante la jornada de este martes, nacionalistas catalanes y vascos han intentado arrancar del Ejecutivo el compromiso de introducir algunos cambios en el proyecto de ley, sobre todo en la parte relativa al 'buen gobierno'. Sin embargo, dado que el Gobierno no ha accedido a sus peticiones han optado por registrar cada uno su enmienda de totalidad, pero con idéntico contenido.

Tanto CiU como el PNV coinciden en rechazar los preceptos sobre 'buen gobierno' que otorgan al Ministerio de Hacienda la facultad de sancionar e incluso cesar a alcaldes y miembro de corporaciones locales por malas prácticas en el uso de fondos públicos.

A su juicio, el proyecto implica una "clara extralimitación del ámbito competencial" y sitúa a los órganos autonómicos y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales" vulnerando su autonomía política.

ERC: la Corona y la Familia Real al completo

En el texto alternativo que ha presentado ERC, los independentistas catalanes vinculan el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución, es decir, le otorgan carácter orgánico. Además, establece que su ejercicio debe ser gratuito.

Respecto al ámbito de aplicación, mencionan expresamente la "Jefatura del Estado, la Corona y la Familia Real", el "Ministerio Fiscal y todos los tribunales de justicia", la Administración General del Estado y la Administración local --pero no la autonómica-- y otros organismos como la Seguridad Social o las fundaciones del sector público.

También proponen aplicar las obligaciones de transparencia a cualquier otra asociación, organismo, sociedad, entidad o federación que reciba dinero público, "exclusivamente respecto al destino de este dinero público" y, se explicita la afectación de "las organizaciones confesionales, los partidos políticos y los agentes sociales".

Además, apuestan por el conocido como silencio positivo --en lugar del negativo que establece el texto del Gobierno-- de manera que si el organismo interpelado no responde al peticionario quede obligado a darle la información demandada en un plazo determinado de tiempo. Piden una Agencia de la Transparencia independiente y que en seis meses el Ejecutivo presente un proyecto de Ley de Regulación de los grupos de interés o lobbies.

En cuanto al PSOE, mantiene reparos de fondo a asuntos como la independencia de la agencia de evaluación de transparencia o las medidas de buen gobierno, que tachan de inconstitucionales, pero han renunciado a presentar enmienda de totalidad contra el proyecto del Gobierno esperando que se logre algún acuerdo cuando se empieza a debatir el articulado de la ley.

Primer debate, 30 de mayo

Las enmiendas de totalidad y el texto alternativo de ERC se debatirán en el Pleno del Congreso el 30 de mayo. La defensa del proyecto de ley correrá a cargo, previsiblemente de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según el calendario previsto, el 11 de junio los grupos presentarán sus enmiendas parciales, que se debatirán después en ponencia y comisión. Antes de su remisión al Senado, lo que podría ocurrir en julio, el Pleno del Congreso celebrará un segundo debate sobre la ley.

La tramitación en la Cámara Alta se iniciará a la vuelta del verano y la norma se aprobará definitivamente en otoño, aunque la parte relativa a transparencia no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el BOE para que la administración tenga tiempo de preparar toda la información que deberá hacer pública.

 

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