La Ley de Transparencia y de Buen Gobierno, uno de los proyectos ‘estrella’ del Ejecutivo del PP, llegó a la Cámara el pasado mes de septiembre y ha estado meses aparcado hasta que, a principios de año, se decidió abrir una ronda de comparecencias de expertos que concluyeron la pasada semana.

El Pleno del Congreso celebró el pasado 30 de mayo el primer debate sobre el proyecto, cuya devolución pedían casi todas las formaciones minoritarias. El PSOE optó por dar margen al diálogo, al igual que hicieron después los nacionalistas de CiU y PNV ante las promesas del Gobierno de intentar un acuerdo.

Aunque la siguiente escala prevista era la presentación este martes de las enmiendas al articulado, finalmente el PP ha decidido una prórroga más de tres días.

En julio se enviará al Senado

Y es que a lo largo de estos meses se ha comprobado que el texto que registró el Gobierno se ha visto superado por los debates políticos y necesita una profunda revisión, pues entre otras cosas sólo se ocupaba de la administración pública y ahora ya se sabe que se extenderá a la Casa de Rey, los partidos, los sindicatos, y las instituciones financiadas mayoritariamente con fondos públicos.

Esta nueva ampliación del plazo de enmiendas no debería de alterar en principio el calendario pactado para lo que resta de tramitación: en la Comisión Constitucional debe aprobarse este mes de junio para volver en julio al Pleno del Congreso desde donde se remitirá al Senado.

En cualquier caso, el grueso de la ley, relativo a la transparencia no entrará en vigor hasta un año después de su aprobación definitiva. Por contra, los capítulos sobre buen gobierno serán de obligado cumplimiento inmediatamente después de que el Boletín Oficial del Estado publique la ley.