El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha descartado que se vaya a acometer una modificación de la Ley Hipotecaria pero sí ha avanzado que la nueva normativa de Jurisdicción Voluntaria en la que trabaja el Ministerio recogerá algunos aspectos para mejorar la seguridad hipotecaria y la comunicación de los ciudadanos con los registros.

Así se ha pronunciado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha subrayado la creación de un grupo de trabajo especial que se encargará de "articular" la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuyo objetivo principal será "mitigar ese exceso de litigiosidad que pesa sobre el trabajo de jueces y tribunales" permitiendo a registradores y notarios hacerse cargo de algunas competencias.

Román ha precisado así que la norma "tendrá incidencia en el ámbito de la legislación hipotecaria" dando un "tratamiento especial" a los registros y procurando la "modernización tecnológica" de estos órganos para que "la comunicación con los ciudadanos sea más fácil".

"Esto supondrá que el sistema registral español tradicional en papel pasará a ser electrónico, y mejorará también la seguridad jurídica", ha dicho Román, apostillando que "otras medidas" también redundarán "tangencialmente" en beneficios para los tenedores hipotecarios.

Preocupación del Gobierno

A renglón seguido, el ‘número 2’ de Justicia ha asegurado que el Gobierno "participa de la general preocupación por la angustiosa situación que muchas familias tienen en estos momentos de crisis económica profunda" en relación con sus hipotecas sobre vivienda habitual.

Por eso, ha dicho, el pasado mes de marzo se aprobó un decreto ley que contiene un código de buenas prácticas voluntario para que las entidades financieras que se adhieran a él negocien una reestructuración de la deuda con los ciudadanos, posibiliten una quita o, incluso, acepten la dación en pago en ciertas circunstancias.

"Vamos a afrontar desde diversos puntos de vista esto que hace especialmente angustiosa la situación de muchas familias y estoy absolutamente convencido de que se incrementará la seguridad jurídica y favorecerá el beneficio de los ciudadanos su posibilidad de hacer frente a esta crisis", ha zanjado.

Sin embargo, para la socialista Elvira Ramón el código de buenas prácticas es "insuficiente" para hacer frente a un problema que ha dejado en la calle a 350.000 familias en lo que llevamos de crisis y que se basa en unos requisitos que "apenas cumple el 4% de los afectados".

"Dice que (el código) no ha dado resultados; hombre, ha entrado en vigor en marzo, parece un poco prematuro evaluar el resultado de esa medida que, en todo caso, supone una expresión de la preocupación del Gobierno y del Ministerio de Justicia por atender de manera prioritaria esta situación angustiosa de tantas familias del país", ha zanjado el secretario de Estado.