El Consejo General de Administradores de Fincas (CGCAFE) y sus colegios territoriales han solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para combatir la morosidad en las comunidades de propietarios producida por las entidades financieras y las empresas promotoras, que adeudan, respectivamente, 225 millones de euros y 594 millones de euros.

Según la institución, estas propuestas de reformas de la LPH propiciarían una mayor seguridad jurídica, y especialmente ante una situación tan crítica como la actual, deberían de introducirse con carácter urgente:

• Incremento hasta 5 años del plazo de afección real establecido en el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

• Modificar el art. 90 de la Ley Concursal para que las deudas con las comunidades de propietarios por impago de cuotas pasen a ser créditos con privilegio especial de cobro.

Recuerda el Consejo que su objetivo esencial es la defensa de los consumidores y usuarios en materia de vivienda, por lo que ha creído oportuno remitir estas misivas proponiendo ambas reformas en la actual LPH.