Justicia y el Banco Santander firman un nuevo contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Consignaciones Judiciales

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Justicia y el Banco Santander firman un nuevo contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Consignaciones Judiciales

Para la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro  años y se podrá prorrogar anualmente por otros dos más, se han tenido  en cuenta fundamentalmente criterios económicos y circunstancias de  carácter técnico, con el objetivo final de modernizar la Administración  de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy el acto de firma por parte de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y del director general responsable de Santander España, Enrique García Candelas, del nuevo contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales, como consecuencia de su adjudicación por concurso público a dicha entidad el pasado 26 de noviembre.

Para la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro años y se podrá prorrogar anualmente por otros dos más, se han tenido en cuenta fundamentalmente criterios económicos y circunstancias de carácter técnico, con el objetivo final de modernizar la Administración de Justicia.

Durante los últimos años el saldo total de las cuentas superó los 3.200 millones de euros y el Tesoro Público recibió más de 100 millones de euros en cada ejercicio en concepto de intereses remuneratorios.

Cada órgano judicial dispone de una de estas cuentas bancarias, de cuya gestión se encarga el secretario judicial, para que en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los procesos judiciales en trámite. En estas cuentas se depositan por ejemplo las fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal.

También se produce en ellas el pago de multas, de los depósitos para recurrir resoluciones judiciales y de las cantidades embargadas por los tribunales, así como de las cantidades abonadas voluntariamente por los obligados en cumplimiento de resoluciones judiciales, en concepto de indemnizaciones, honorarios de abogados, peritos o derechos de procuradores.

El modelo de gestión de estas cuentas está totalmente digitalizado y será fundamental para la puesta en marcha del expediente judicial electrónico. Está considerado como una de las mejores prácticas de gestión de fondos públicos en Justicia del mundo.

 


El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy el acto de firma por parte de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y del director general responsable de Santander España, Enrique García Candelas, del nuevo contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales, como consecuencia de su adjudicación por concurso público a dicha entidad el pasado 26 de noviembre.

Para la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro años y se podrá prorrogar anualmente por otros dos más, se han tenido en cuenta fundamentalmente criterios económicos y circunstancias de carácter técnico, con el objetivo final de modernizar la Administración de Justicia.

Durante los últimos años el saldo total de las cuentas superó los 3.200 millones de euros y el Tesoro Público recibió más de 100 millones de euros en cada ejercicio en concepto de intereses remuneratorios.

Cada órgano judicial dispone de una de estas cuentas bancarias, de cuya gestión se encarga el secretario judicial, para que en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los procesos judiciales en trámite. En estas cuentas se depositan por ejemplo las fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal.

También se produce en ellas el pago de multas, de los depósitos para recurrir resoluciones judiciales y de las cantidades embargadas por los tribunales, así como de las cantidades abonadas voluntariamente por los obligados en cumplimiento de resoluciones judiciales, en concepto de indemnizaciones, honorarios de abogados, peritos o derechos de procuradores.

El modelo de gestión de estas cuentas está totalmente digitalizado y será fundamental para la puesta en marcha del expediente judicial electrónico. Está considerado como una de las mejores prácticas de gestión de fondos públicos en Justicia del mundo.

 

 

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