La sesión inaugural corrió a cargo del presidente de la Asociación, Eduardo Luque Delgado, quien dio paso a la primera de las ponencias impartida por Begoña García-Rozado, subdirectora general del Impuesto sobre las Personas Jurídicas.

Bajo el título "Novedades en el Impuesto sobre Sociedades: Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, Ley 16/2013 en materia de fiscalidad medioambiental", Mª Begoña García Rozado, explicó el efecto dinamizador que algunas de las medidas contenidas en estas normas han pretendido tener en la economía española. Así, se comentó la nueva deducción por inversión de beneficios recogida en el artículo 37 TRLIS, que permite aplicar a las empresas una deducción en cuota del 10% de los beneficios obtenidos, a condición de su reinversión en inmovilizado material nuevo o inversiones inmobiliarias, la "monetización" de la deducción por I+D+I o la reducción aplicable a las rentas procedentes de activos intangibles, más comúnmente conocida como "patent box", que permite aplicar una reducción del 60% a las rentas procedentes de la cesión de patentes, dibujos, planos, fórmulas, procedimientos secretos o derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

También se analizaron otros tipos de medidas, cuyo objeto ha sido la ampliación de la base imponible del impuesto. Así, se explicó detenidamente la controvertida supresión del artículo 12.3 TRLIS -consideración como gasto no deducible de la pérdida de valor de entidades participadas- y la aplicación de su régimen transitorio, la no deducibilidad de las rentas negativas de establecimientos permanentes o de UTES´s situadas en el extranjero.

A continuación, Ignacio Arráez Bertolín trató las dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos contencioso-administrativos prestando especial atención a la protección del derecho constitucional y a las posibles incidencias en el ámbito tributario. Se denunció el excesivo retraso en resolver al que nos tienen acostumbrados los tribunales españoles y la posible vulneración del derecho reconocido en el art. 24 de nuestra Constitución. Se hizo un repaso de la doctrina emanada del TEDH en la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a ser indemnizados cuando estas se producen. Doctrina que ha sido acogida por el Tribunal Constitucional aunque con ciertas matizaciones. Además, se comentó la posibilidad de utilizar la vía de la responsabilidad patrimonial para el resarcimiento de los daños causados por la dilación indebida.

Tras una pausa que permitió a los asistentes intercambiar las primeras impresiones de la jornada, David Gómez Aragón (técnico de Hacienda en excedencia) y Ricardo Álvarez Arroyo (coordinador del Área Tributaria del Impuesto sobre el Valor Añadido de la Dirección General de Tributos) trataron la figura de la inversión del sujeto pasivo en el IVA y su uso creciente por los gobiernos de los estados miembros de la UE como mecanismo para evitar el fraude fiscal en sectores de riesgo, como el sector inmobiliario y el de telecomunicaciones. Si bien es cierto que la referida figura supone un coste financiero cero para el empresario, no hay que menospreciar los importantes inconvenientes que acompañan a su aplicación: dudas sobre su procedencia, o no, en determinadas operaciones, la documentación justificativa necesaria…

Seguidamente y tras un pequeño coctel, comenzó la tan esperada mesa redonda dedicada al estudio de la Reforma Fiscal. Dicha sesión contó con la presencia de grandes personalidades del ámbito tributario como Rafael Ortiz Calzadilla, José Manuel de Bunes Ibarra (ex-director general de Tributos y coordinador de la Sección de Impuestos Indirectos de la AEDAF), José Ramón Domínguez Rodicio (ex subdirector general del Impuesto sobre la Renta y actualmente coordinador de la Sección de IRPF de la AEDAF), Francisco Javier Gómez Taboada (abogado y coordinador de la Sección de Impuesto sobre Sociedades) y Jesus Gascón Catalán, ex director general de Tributos.

Los ponentes expresaron su opinión y análisis de las distintas propuestas contenidas en el Informe Lagares, todo ello con la inestimable presencia de Rafael Ortiz Calzadilla, miembro activo en la elaboración de las propuestas de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, que pudo plantear y defender de primera mano el informe de reforma fiscal de la comisión de expertos.

Para finalizar, se trató la posición y la actuación del asesor fiscal en la prevención de la lucha contra el fraude, debido a las obligaciones impuestas por la reciente normativa. La primera parte de la ponencia fue impartida por Jaime Aneiros Pereira, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo, quien puso de manifiesto los pilares sobre los que ha de cimentarse la conducta del asesor fiscal en el desarrollo de su ejercicio como activo colaborador en la prevención del blanqueo de capitales. A continuación Marina Moya Fernández, miembro del equipo de Inspección del SEPBLAC, analizó en profundidad todas y cada una de las nuevas obligaciones administrativas contenidas en el proyecto de nuevo Reglamento de desarrollo y, finalmente, Andrés Palomo del Arco, magistrado del Tribunal Supremo hizo especial hincapié en los criterios de criminalidad a los que obedece la conducta del asesor fiscal para concluir diciendo que el mero incumplimiento de las actividades preventivas del blanqueo no equivale a comisión delictiva.