En un comunicado, Salvaterra recuerda que los ayuntamientos que decidan solicitar esta nueva línea de créditos ICO deberán cubrir ciertos requisitos y se les recomienda posibilitar la cancelación de deudas de autónomos y pequeñas y medianas empresas.

"De esta manera se podría propiciar un punto de partida que cambie su comportamiento de pago y ayude a generar liquidez a las pequeñas y medianas empresas", apunta Salvaterra, para quien esto cobra "especial relevancia" si se tiene en cuenta que entre el 40% y 45% de las empresas en España sufren retrasos por parte de la administración pública.

Según Intrum Justitia, la administración pública es "peor pagadora" que empresas y consumidores, ya que paga sus facturas en un plazo de 153 días, un periodo de tiempo que se mantiene al alza desde 2009 y se sitúa muy por encima de la media europea (65 días).

En este contexto, Intrum Justitia recomienda cumplir rigurosamente los plazos de pago recogidos en la Ley de Morosidad, que para la administración pública se sitúan en 50 días en 2011, así como priorizar el pago de facturas de pymes y autónomos.

Además, Salvaterra recuerda que los descensos en el ciclo económico son un "buen momento" para revisar y afinar los procesos de negocio, mientras que tener una "clara y rigurosa" política en la gestión del crédito puede ser determinante para sobrellevar las consecuencias de una coyuntura económica como la actual.