En una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’ recogida por Europa Press, Beteta ha subrayado que para poder tomar medidas como esta "hay que tener las cuentas en orden" –"quien no las tiene en orden no las puede hacer"– y eso "es un trabajo de años".

En este sentido, se ha referido a la Generalitat de Cataluña, porque cree que el Gobierno de Artur Mas "está pagando también las facturas del tripartito", no sólo su actual dificultad de acceso a los mercados o el hecho de que el Gobierno central haya tenido que facilitar liquidez a Cataluña por más de 25.000 millones de euros en dos años, según cifras del propio ministerio.

Además, ha explicado que cuando una comunidad autónoma decide una rebaja del IRPF, como ha hecho Madrid, en el siguiente año no lo notan ni los ciudadanos ni la comunidad, porque la rebaja no se aplica a las retenciones que se van practicando sobre los salarios, sino a la liquidación que se realiza el año siguiente.

La rebaja madrileña se notará en 2015

Es decir, en el caso de Madrid, la rebaja no se notará en las nóminas de 2014, sino en la declaración de la renta que se entregue en 2015. En cambio, ha explicado que otras reformas fiscales sí que se aplican de manera automática en el año en que entran en vigor, como la reforma del impuesto de Sucesiones en Cataluña o el impuesto de carburantes. Beteta no ha querido valorar el impuesto al ADSL que propondrá la Generalitat de Cataluña, hasta conocerlo en detalle.

Preguntado si el Gobierno se plantea reducir el margen con que cuentan las comunidades autónomas para fijar impuestos, para reducir las desigualdades, ha respondido que, en su opinión, la diferencia en la tributación personal es "razonable".

Sin embargo, ve "diferencias tremendas" entre ayuntamientos en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), dentro de la horquilla que fija el Gobierno. Eso sí, ha destacado que los ayuntamientos son la administración que más se autofinancia, en un 75 por ciento de sus propios impuestos y un 25 de transferencias.

Beteta ha aprovechado para defender la reforma local que está tramitándose en el Senado porque obligará a hacer transparente el coste de los servicios públicos –luz, basuras, alcantarillado–, y está convencido de que esa transparencia será "un acicate" para que se abarate el coste de esos servicios.