Según consta en la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al proyecto de ley, y a la que ha tenido acceso Europa Press, la falta de antecedentes en España para muchas de las medidas incluidas en el plan hacen que "no resulte factible la evaluación cuantitativa a priori de sus eventuales efectos económicos, presupuestarios y recaudatorios con un mínimo grado de fiabilidad, cuestión que dependerá sobremanera de la reacción de los agentes económicos y de la eficacia de las modificaciones normativas que se introducen".

En cualquier caso, en el documento se apunta que las limitaciones en los pagos en efectivo y las iniciativas que ampliarán las posibilidades de la Agencia Tributaria para tomar medidas cautelares en casos de insolvencia o alzamiento de bienes, así como la eliminación de los aplazamientos de créditos en situaciones de concurso y el resto de iniciativas en esta línea son las que "potencialmente podrían generar, de manera indirecta, unos mayores recursos públicos" además de incidir de manera positiva en la reducción de la economía sumergida.

Cambios en el sistema de módulos

Por otra parte, el documento de Hacienda apunta que los cambios en el régimen de módulos que se introducen en el anteproyecto de ley supondrán "un aumento de los costes de cumplimentación" para los afectados, así como "mayores cargas administrativas derivadas de la mayor complejidad de las comprobaciones sobre la veracidad de los datos declarados".

Según información de la Agencia Tributaria que se recoge en el informe, la decisión de excluir del régimen de módulos a ciertas profesiones que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y con un volumen de rendimientos íntegros superior a 50.000 euros al año afectará a un máximo de 30.124 empresarios que en el año 2009 utilizaron el método de estimación objetiva y que, a partir de 2013, tendrán que ajustarse a la estimación directa, lo que "podría tener consecuencias en sus cuotas impositivas".

En particular, las nuevas restricciones afectarán particularmente a 20.872 contribuyentes de la construcción, 4.817 de industria, 2.457 del comercio minorista y 1.281 empresarios de hostelería y restauración. Entre los cuatro sectores acumulan unos rendimientos netos en estimación objetiva de 482 millones de euros (98,1% del total).

Otros sectores que, según Hacienda, también resultarán afectados pero de forma "mucho menos intensa" tanto por el número de contribuyentes como por sus bases y cuotas son reparaciones (393 contribuyentes), peluquerías (131 contribuyentes), enseñanza (95 contribuyentes) y otros servicios (78 contribuyentes).

Compatible con las normas comunitarias

El informe de Hacienda concluye señalando que el proyecto de ley no tiene "efectos significativos" sobre la competencia ni tampoco en razón de género.

Por otra parte, la documentación que acompaña a la norma incluye asimismo sendos informes del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España relativos a la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de limitar el pago en efectivo a 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos, con multas por incumplimiento del 25% del pago. El límite no afectará a operaciones entre particulares y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes.

En este sentido, tanto el documento del BCE, fechado el 8 de mayo, como el del regulador español, remitido cuatro días antes, reconocen que el "interés público" implícito en la medida "prevalece sobre el efecto" de la limitación, si bien recuerdan que las restricciones "deben ser proporcionales a los objetivos perseguidos y no deben exceder de lo estrictamente necesario para conseguir dichos objetivos".

El Banco de España sugiere, no obstante, que "sería conveniente excluir expresamente a los cheques nominativos y a las tarjetas nominativos de crédito o débito" de estas restricciones.