El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, ha celebrado este martes una reunión con representantes de todos los grupos parlamentarios para trasladarles la voluntad del Gobierno de buscar consensos sobre la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno que se tramita en la Cámara.

Según han informado a Europa Press asistentes al encuentro, Ayllón ha mostrado la disposición del Ejecutivo de dedicar el tiempo que sea preciso a encontrar estos puntos de acuerdo que permitan que la futura norma sea aprobada con el máximo apoyo parlamentario posible.

La Ley de Transparencia entró en el Congreso el pasado mes de septiembre, pero los grupos parlamentarios aún no han presentado sus enmiendas parciales al texto del Gobierno. Lo harán cuando finalicen las comparecencias de expertos que ya han empezado a desfilar para dar su opinión sobre la misma en la Comisión Constitucional, encargada de su tramitación.

Volver a verse antes de la ponencia

Según se ha acordado en el encuentro de este martes, todos se volverán a reunir cuando acaben esas comparecencias y antes de que se reúna la ponencia con la idea de explorar hasta dónde pueden llegar los acuerdos y qué aspectos se presentan más conflictivos.

Uno de los puntos en los que se aspira a encontrar consensos es en el ámbito de aplicación para que en lugar de afectar sólo a las administraciones públicas el mandato de transparencia se haga extensivo a entidades privadas como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

En la reunión, Ayllón ha recalcado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes en el Pleno su voluntad de que las formaciones políticas se incluyan en la ley. Aunque Rajoy no los ha citado expresamente, los grupos entienden que en mismo paquete se incluirá a las organizaciones empresariales y sindicales.

En principio, todos están de acuerdo en esta premisa pero, a partir de ahí, tendrán que concretar hasta qué punto la ley puede obligar a organizaciones que, aunque tengan financiación pública, tienen carácter privado. En este sentido, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, apuntó la conveniencia de que este tema se trate en las leyes específicas por las que se rigen los partidos políticos.

De momento, formaciones como UPyD ya han anticipado que no aceptarán que este tema se resuelva con una mera remisión de la Ley de Transparencia a otras normas. Tanto UPyD como la Izquierda Plural y el Grupo Mixto también han defendido que la ley afecte a la Casa del Rey, un punto ante el que el Ejecutivo siempre se ha mostrado remiso.

Derecho fundamental o no

Otro de los asuntos que se han discutido en el encuentro ha sido la oportunidad de definir el acceso a la información pública como un derecho fundamental, como reivindica Rosa Díez, lo que obligaría a dar a la ley carácter orgánico y permitiría a los ciudadanos recurrir en amparo al Tribunal Constitucional si consideran que ese derecho es vulnerado. El representante del PNV, Emilio Olabarria, se ha mostrado radicalmente en contra de esta fórmula, que tampoco el PSOE ve con buenos ojos.

Otro de los puntos en conflicto es qué debe ocurrir cuando un organismo no responde a una petición de información en un plazo determinado. El Gobierno apuesta por lo que se conoce como ‘silencio negativo’ –si la entidad no responde, el afectado ya puede iniciar la vía de los recursos–, una fórmula que están avalando los expertos en sus comparecencias y que comparten los socialistas.

Sin embargo, hay formaciones que pretenden que ese punto se cambie para instaurar el ‘silencio positivo’ por el que si la administración no contesta al peticionario se entendería que está obligada a publicarla.