Según anunció el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el encargado de entrevistarse con los ponentes encargados de la tramitación de esta norma será el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales, José Luis Ayllón.

Este encuentro se ha fijado para el próximo miércoles en la Cámara Baja, una vez que finalice la sesión de control al Gobierno. Tendrá lugar un día después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Fernández Miranda, abra la segunda ronda de comparecencias de expertos que ilustran a los diputados de la Comisión Constitucional que tramita la norma.

La intención del Gobierno, que quiere que la ley esté aprobada antes del verano, es poder pactar con los grupos el ámbito de aplicación de la norma, con independencia de que después cada uno de ellos haga sus propias propuestas en la fase de enmiendas parciales.

Pactar el ámbito de aplicación

Después de que el proyecto del Gobierno llegara al Congreso el pasado mes de septiembre al calor de casos de corrupción como el que afecta al extesorero del PP Luis Bárcenas y de las sugerencias de los primeros expertos que desfilaron por el Congreso surgieron voces que reclamaron que la ley obligue también a los partidos políticos, los sindicatos e incluso la Casa del Rey.

Este es uno de los puntos que el Ejecutivo quiere tratar con los grupos parlamentarios. De momento, la propia Sáenz de Santamaría ha dejado abierta la puerta a la inclusión de las formaciones políticas si todas ellas se ponen de acuerdo. Ahora bien, lo que dejó claro el Ejecutivo es que no ocurrirá los mismo con la Casa del Rey.

Los ‘populares’ defienden que dado que Zarzuela se nutre de la Administración Pública y ésta va a estar dentro del ámbito de aplicación de la futura norma por ende, la Corona ya estará también afectada "en la inmensa mayoría" de sus actuaciones.

El procedimiento de respuesta a los ciudadanos que soliciten información a los poderes públicos (silencio negativo o positivo) es otra de las cuestiones que el Gobierno aspira a pactar con la oposición, al igual que todo lo relativo al papel de los grupos de influencia o lobbies.