En el futuro, todos estos afectados por el impago de sus alquileres podrían ser incluidos en el Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler que prevé crear el Gobierno central, y que recogerá los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendatarios.

En general, en la Región de Murcia se dictaron 449 sentencias judiciales relacionadas con los arrendamientos urbanos y, de ellas, 441 se debían a la falta de pago de la renta o de la fianza, mientras que una era por denegación de la prórroga, y las siete restantes se deben a otras causas.

De todas las sentencias judiciales, 429 estimaron la demanda totalmente, mientras que nueve la estimaron parcialmente y 11 la desestimaron, por lo que hubo una abrumadora mayoría de sentencias que dan la razón al demandante, es decir, al propietario, precisan las mismas fuentes.

La cifra de sentencias judiciales por la falta de pago de la renta o de la fianza se situó en 300 en el año 2008; y ha crecido exponencialmente pasando a 371 en 2009; y a 374 en 2010; si bien, en años anteriores al estallido de la crisis la cifra era mayor, y se situó en 593 en 2006; 455 en 2004 y 371 en 2002.

Nuevo registro

La creación del nuevo registro de condenados por impago de alquiler lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que recoge Europa Press y que será incorporada al texto gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los ‘populares’.

El Secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir la información –aunque no se precisa qué datos concretamente– de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o jurídicas.

Para consultar esta información, deberán "presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario".

El objetivo, según reza la enmienda, es de "prevención y control", con la vista puesta en "incrementar la seguridad del arrendador" que se ha "visto obligado" a acudir a la justicia y al que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado "contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral".

En otra enmienda, el PP insta al Gobierno a presentar, un real decreto que regule este registro, que en cualquier caso deberá borrar los datos al cabo de un máximo de seis años desde la inscripción de forma automática, o a requerimiento del deudor cuando haya satisfecho la deuda por la que fue condenado.