Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios el presidente de este colectivo, Carlos Cruzado, al inicio del XI Congreso Nacional que se celebra en Palma y en el que más de 300 representantes de las distintas asociaciones analizarán las diferentes propuestas económicas que plantea cada partido de cara a las elecciones generales.

Cruzado ha destacado que la piedra angular del plan propuesto por los Técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas –aquéllas cuya facturación supere los 45 millones de euros–, que eleve del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta única medida, ha subrayado que la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.

Además, añade que si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24%, se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas.

Paralelamente, el colectivo solicita la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.

INGRESOS ADICIONALES DE 38.500 MILLONES.

A su vez, señala que estas medidas se integrarían en un ‘programa marco’ enfocado a reducir la economía sumergida de España en diez puntos, hasta situarla al nivel de los vecinos europeos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales.

Dentro de las propuestas concretas para atajar el fraude, los técnicos de Hacienda creen que la limitación en el uso del dinero en efectivo supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.

Igualmente, cree que sería necesario posibilitar la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operen en los territorios calificados como paraísos fiscales, eliminando prácticas abusivas para reducir la factura internacional de las grandes corporaciones transaccionales.

Asimismo, defiende que en el ámbito nacional se hace necesario elaborar estudios oficiales detallados sobre la economía sumergida –tanto fiscal como laboral- y optimizar los recursos de la Agencia Estatal Tributaria y demás departamentos del Ministerio de Hacienda, atribuyendo mayores competencias y responsabilidades a los 8.000 Técnicos en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.

Para reducir la especulación en los mercados financieros, Gestha apoya la propuesta de la Comisión Europea de establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Otro de los pilares de este plan sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios.

No obstante, para Gestha, su buen funcionamiento, y sobre todo para evitar la elusión de las rentas del capital en el IRPF, está supeditado a la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2 y el 5 por ciento del capital social que evite la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

Para Gestha, el rendimiento que se extrae del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en España es otro de los aspectos que se deben mejorar para reactivar la economía, aunque "en ningún caso mediante incrementos impositivos", pues a su juicio, ello derivaría en una contracción del consumo que "no sólo atenuaría su poder recaudatorio, sino que afectaría con mayor intensidad a las personas con bajos ingresos y al 85 por ciento de los ciudadanos que ganan menos de 30.000 euros anuales".

Respecto a las pymes y autónomos, los técnicos de Hacienda proponen situar el devengo del IVA en el momento del cobro parcial o total de la factura, evitando así que autónomos y pequeños empresarios se vean obligados a adelantar a la Hacienda Pública el IVA de facturas que "aún no han cobrado y que incluso es probable que no lleguen a cobrar nunca, mientras que otras empresas se deducen un IVA que no han pagado y que puede que no paguen nunca".

Entre las medidas del control del gasto público, los técnicos proponen potenciar la realización de auditorías operativas para comprobar si se está dando una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, con la consiguiente repercusión de sus resultados en las sucesivas asignaciones presupuestarias.

PACTO FISCAL.

Con estas medidas como punto de partida, Gestha insta a las grandes fuerzas políticas y sociales a que promuevan un gran pacto fiscal "recuperando el espíritu de los Pactos de la Moncloa, cuando hicieron prevalecer el interés general, dejando a un lado intereses partidistas, para lograr sacar al país de la grave crisis económica y política de 1977".

Así, estima que al igual que ocurrió entonces, este nuevo pacto transversal permitiría "reactivar la economía y aumentar sustancialmente la recaudación para reducir el déficit nacional hasta el entorno del 1 por ciento del PIB, porcentaje que no sólo cumpliría con el objetivo previsto por el Gobierno para los dos próximos ejercicios, sino que reduciría también la presión de los mercados sobre las operaciones de venta de deuda pública española".

"La necesidad de emprender este acuerdo queda patente ante las carencias del actual sistema tributario, lastrado por una preocupante caída de la recaudación en los últimos años, un constante debilitamiento de la progresividad en los impuestos directos -especialmente en el IRPF e impuesto de sociedades- y un desequilibrio cada vez más acusado entre la tributación de las rentas del trabajo y las procedentes del capital", ha recalcado Cruzado.