El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen estos requisitos, una medida que se toma "para paliar el drama que produce un desahucio hipotecario", y con la que el Ejecutivo extremeño "está siendo pionero en el país", según ha informado en rueda de prensa el consejero de Fomento, Víctor del Moral.

Entre otras medidas, este decreto establece la posibilidad de adjudicar a desahuciados por ejecuciones hipotecarias una vivienda social en régimen de alquiler por un periodo de tres años, que "será prorrogable si se mantiene la situación económica de las familias", y las rentas del alquiler "serán iguales que las que se establecen para las viviendas de promoción pública".

Además, el decreto tendrá carácter retroactivo, ya que podrán solicitar una vivienda social aquellas familias que hayan perdido su vivienda desde el 1 de enero de 2011, y también se modifica el límite de ingresos de la unidad familiar y su relación con el número de perceptores.

En concreto, según ha señalado Del Moral, cuando una familia tenga cuatro miembros y un único ingreso, podrá tener derecho a acogerse a esta medida cuando éste no supere los 29.235,84 euros netos; si la familia es de tres miembros, el máximo será de 25.059 euros, y si son dos miembros en la unidad familiar, el tope se sitúa en 21.926 euros

Ochenta viviendas disponibles

En su intervención, Víctor del Moral ha explicado que desde el pasado de enero y hasta la actualidad, la Consejería de Fomento ha realojado en viviendas sociales, y a través de una adjudicación directa, a once familias extremeñas que habían sido desalojadas de su vivienda por una ejecución hipotecaria.

Así, Del Moral ha señalado que el Gobierno extremeño es "consciente de que estas medidas podían dejar fuera a algunas personas" que no cumplen con los requisitos del decreto que regula esta adjudicación directa, de ahí la decisión de "flexibilizar" las condiciones que deben cumplir estas familias para tener derecho al acceso a una vivienda social.

En la actualidad, según ha apuntado el consejero, el Ejecutivo extremeño cuenta en la actualidad con 80 viviendas disponibles, y una vez que soliciten por las familias, una Comisión Técnica de Intervención Social elaborará un informe que especificará si esa unidad familiar cumple los requisitos del decreto para acceder a una de esta viviendas.

Ocupar viviendas vacías

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la propuesta del Campamento Dignidad de Mérida para que se les cedan los terrenos de una promoción de 210 viviendas abandonadas situadas en El Prado para que las familias sin recursos puedan habitarlas, Víctor del Moral las ha calificado de "demagógicas" y "extemporáneas".

Unas propuestas que "lo único que traen es problemas", ya que las viviendas "pueden estar vacías, pero pueden tener un destinatario claro", ha señalado Del Moral.

En ese sentido, el consejero ha puesto como ejemplo lo ocurrido la pasada semana en Almendralejo, donde una familia "con la técnica de la patada en la puerta", ocupó una vivienda, que el Gobierno de Extremadura tenía adjudicada ya.

Del Moral ha reiterado que en la actualidad existen "medidas claras y contundentes para que nadie esté en la calle", ya que "si alguien precisa una vivienda de verdad, porque no tiene dónde vivir, el Gobierno de Extremadura actuará", ha aseverado el consejero, quien ha mostrado dispuesto a llegar hasta "alquilar una vivienda en el mercado libre si hace falta".

Obras de la autovía EX-A1

Por otra parte, Víctor del Moral ha explicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado la modificación del contrato de obras de construcción de la autovía autonómica EX – A1, en el tramo Coria-Moraleja Este.

Víctor del Moral ha recordado que se han venido inaugurando casi la totalidad de los tramos de esta autovía que conecta Navalmoral-Plasencia con Moraleja, excepto "un par de tramos que debido a los problemas geotécnicos que se presentaron pues fueron abandonados realmente por los anteriores responsables de la Junta de Extremadura".

Unos problemas que "han implicado la movilización prácticamente de la totalidad de una montaña entre Coria y Moraleja", ha señalado Víctor del Moral, quien ha señalado que este martes se ha aprobado una modificación del "tramo más afectado por este movimiento de la ladera".

Se trata del tramo Coria-Moraleja este, para el que "la totalidad de la obra necesaria no prevista asciende a 9.238.398 euros sin IVA", y el plazo de ejecución de otra "también se amplía en 24 meses", de modo que el plazo de ejecución total, una vez aprobado el proyecto modificado, es de 74 meses.

Por tanto, al final este tramo tendrá un coste total de 52,8 millones de euros, ha señalado el consejero.