Mediante este acuerdo, firmado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ambas instituciones se comprometen a incidir en que el tratamiento de la imagen los niños con discapacidad es una dimensión que "debe defenderse y protegerse, a fin de garantizar sus derechos, especialmente los de imagen y al honor, y, con criterio claro, preservar el interés superior de las niñas y niños con discapacidad".

En este sentido, Torres-Dulce ha mostrado su "satisfacción" por la firma del convenido y ha destacado la trayectoria del Ministerio Fiscal en la protección de los menores, sobre todo, en la de los más vulnerables, como son niños con discapacidad. Además, ha señalado que la actuación de este "no tendría sentido" sin la sociedad civil, a la hora de hacer efectiva la garantía de los derechos. Así, ha aplaudido la labor del CERMI en la defensa de los derechos de una parte de la sociedad, como son las personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha resaltado la "cercanía" que ofrece el Ministerio Fiscal en materia de discapacidad y ha afirmado que lo perciben como "un aliado firme de los derechos de las personas con discapacidad". Por esta razón, según ha recordado, la Fiscalía General del Estado ha sido galardonada con el Premio ‘cermi.es’ 2012, en su categoría institucional.

También ha querido denunciar "las vulneraciones" de los derechos de los niños con discapacidad por parte de los medios de comunicación, sobre todo, por parte de las televisiones, que tienen, a su parecer, "una actitud paternalista". Por ello, ha calificado el acuerdo adoptado entre la Fiscalía y CERMI de "interesante", ya que les va a permitir ayudarse mutuamente para comprobar si el acercamiento de los medios de comunicación con respecto a los menores con discapacidad es "el adecuado" o si sus derechos quedan "protegidos".

Asimismo, ante "los casos crecientes de mal uso de la imagen pública de niñas y niños con discapacidad en emisiones televisivas", ambas instituciones establecerán mecanismos de intercambio de información y de consultas permanentes para evitar la reiteración de estas conductas, que lesionan derechos protegidos internacionalmente, tanto por la Convención de los Derechos del Niño como por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificadas ambas por España.

En el marco de esta relación, la Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación de CERMI también podrá ser requerida por el Ministerio Fiscal para colaborar en el estudio de casos complejos en los que pueda verse afectada la imagen social de los niños con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación, requiriéndose la mediación y asesoramiento a las personas afectadas y, en su caso, la intervención en los procesos correspondientes al amparo de la legitimación que otorga el artículo 19 de la LIONDAU.