El valor del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de marzo de 2013 ascendió a 63.469,43 millones de euros, lo que representa el 6,04% del PIB, según ha anunciado esta mañana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante el debate de convalidación del Real Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Así, ha avanzado que los datos que serán presentados mañana viernes en el Consejo de Ministros sobre la gestión financiera del Fondo de Reserva correspondientes al primer trimestre de 2013, muestran que ya se ha recuperado el 50% de los recursos dispuestos para el pago puntual de las pensiones en 2012.

En los últimos tres meses, se han obtenido más de 460 millones de euros en rendimientos, lo que sitúa el Fondo de Reserva a final del primer trimestre en 63.469,43 millones de euros, un 6,04% del PIB de 2012 (según datos del INE). En conjunto, el Fondo de Reserva ha generado desde el pasado 1 de Enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, un total de 3.430,8 millones de euros en rendimientos.

En cuanto al Real Decreto Ley que hoy se convalida, la ministra ha explicado que la norma aprobada el pasado 15 de marzo contiene una reforma necesaria, y constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia del sistema público de pensiones.

En este sentido, ha recordado la existencia de factores demográficos y sociales que tienen como consecuencia la reducción de la ratio entre pensionistas y trabajadores en la mayoría de las economías, lo que afecta a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social en el largo plazo y a la equidad intergeneracional.

"Son retos a largo plazo, pero que no podemos esperar para solucionar, porque, en materia de sostenibilidad, el mero paso del tiempo no hace más que empeorar la situación", ha apuntado la ministra.

Báñez ha afirmado que aunque la reforma de las pensiones de 2011 supuso un avance en materia de sostenibilidad del sistema, no resultó suficiente para lograr este objetivo al presentar distorsiones en materia de jubilación anticipada y parcial.

Compromiso con el Pacto de Toledo

Por ello, el Gobierno abordó una reforma comprometida con el Pacto de Toledo, cuya recomendación duodécima pide dar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador -especialmente en el caso de la jubilación anticipada-, aproximar la edad real a la edad legal de jubilación y favorecer la coexistencia entre salario y pensión.

Báñez ha asegurado que el Gobierno dio máxima prioridad al diálogo en el seno del Pacto, al que fueron remitidos sendos informes técnicos sobre las jubilaciones anticipadas y parciales y sobre la compatibilidad entre salario y pensión, que se han discutido desde noviembre del pasado año.

El Gobierno participó activamente en este debate parlamentario con la presencia de directores generales y demás técnicos del Departamento. Asimismo, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mantuvo también una quincena de reuniones con los portavoces parlamentarios de los principales grupos, y con los agentes sociales más representativos.

Jubilación anticipada y parcial

El objetivo de las medidas adoptadas es, por un lado, compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, y evitar así que el resto de los ciudadanos asuma la carga que genera; y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto.

En materia de jubilación anticipada, el Real Decreto Ley mantiene el esquema general de la Ley 27/2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias, pero corrigiendo el incomprensible alejamiento gradual entre la edad ordinaria de jubilación y la edad de jubilación anticipada, al tiempo que se refuerza el principio de neutralidad y contributividad incrementando los coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización.

En cuanto a la jubilación parcial, se reconduce esta modalidad hacia su objetivo original: facilitar la trasmisión intergeneracional de conocimientos y experiencias a trabajadores más jóvenes

Por su parte, el régimen de compatibilidad entre trabajo y pensión permitirá que los jubilados puedan retomar libremente la vida activa sin dejar de cobrar una parte de la pensión, ni producir menoscabo financiero en el Sistema.

Trabajadores mayores de 50 años

Por otro lado, se ha revisado la regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos, se trata de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos.

Asimismo, se aproximará la regulación del subsidio de mayores de 55 años a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se tendrá en cuenta a la hora de conceder el subsidio, para garantizar que llegue a quien realmente lo necesite.

Para beneficiar a este colectivo, la nueva regulación establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación serán objeto de una atención preferente por los servicios de empleo de las comunidades en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo

Factor de sostenibilidad

La ministra ha asegurado que la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social es un objetivo irrenunciable y ha manifestado que tanto la reforma de las pensiones de 2011 como las modificaciones incorporadas en el Real Decreto-ley 5/2013 "refuerzan enormemente la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta".

Estas reformas se complementarán con la regulación del factor de sostenibilidad, prevista en la Ley 27/2011. Para ello se creará un comité de expertos que deberá remitir un informe al Pacto de Toledo.

"El sistema de pensiones goza de buena salud, pero es nuestra obligación trabajar para que el paso de los años no la deteriore, tal y como nos recomienda el Pacto de Toledo y nos exigen quienes nos han elegido", ha asegurado Báñez, quien ha animado a los grupos a "participar activamente" en la regulación del factor de sostenibilidad.

Cotización a tiempo parcial

Durante su intervención, la ministra ha anunciado que la próxima semana convocará a los interlocutores sociales y a los grupos parlamentarios para estudiar las alternativas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al cómputo del periodo de cotización en el trabajo a tiempo parcial con el que se calcula la pensión de jubilación, vigente desde 1998.

El Gobierno ya se reunió en su momento con los agentes sociales para iniciar un proceso de análisis y evaluación de las alternativas a abordar. Ahora, el proceso tendrá continuación, y se planteará la cuestión en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo "para afrontar sus consecuencias con el máximo nivel de acuerdo".