Los sindicatos han denunciado en un comunicado que, a pesar de los esfuerzos del personal del Fogasa, el organismo tiene pendientes de resolución 153.000 expedientes que deben tramitarse para que los trabajadores puedan percibir salarios e indemnizaciones por despido.

Según CC.OO. y UGT, la carga de trabajo pendiente es similar a la actividad que desarrolló el organismo en todo el ejercicio 2012. Los sindicatos se quejan de que los tiempos medios de tramitación de expedientes superan los 12 meses y de que el Fogasa no puede responder a todos los requerimientos judiciales que se le hace.

En este sentido, las organizaciones sindicales recuerdan que el Fogasa es citado anualmente en cerca de 90.000 procedimientos declarativos en los juzgados de la jurisdicción social, lo que supone más de 670 juicios por letrado y año.

"La plantilla del Fogasa está sobrepasada por la carga de trabajo existente, las condiciones de trabajo son insufribles", subrayan CC.OO. y UGT, que recuerdan al Gobierno que la misión fundamental del Fogasa es abonar a los trabajadores por cuenta ajena los salarios y parte de las indemnizaciones que se derivan de la declaración de insolvencia o concurso de las empresas en que trabajan.

Frente a la situación actual, los sindicatos plantean, por un lado, un plan de choque para superar el colapso del Fogasa, que implicaría necesariamente la ampliación de la plantilla y, por otro, proponen una serie de medidas estructurales para asegurar su buen funcionamiento en el futuro.

Todo ello con independencia, dicen, de que "a más largo plazo" se evalúe el mejor modo de "integrar" el Fogasa en las instituciones que gestionan prestaciones relacionadas con el empleo y la Seguridad Social.

Los sindicatos se niegan a buscar soluciones a través de la privatización o externalización de servicios -en contra de lo previsto en el plan de viabilidad elaborado por Empleo para el Fogasa- e insisten en que el primer paso es incrementar la plantilla.

Para ello, plantean la puesta en marcha de un programa temporal, con una duración mínima de 18 meses, que contemple la integración de 240 efectivos, a los que habría que sumar unos 81 funcionarios interinos a través de la cobertura total de los puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo.

La idea es buscar los efectivos necesarios sirviéndose primero de los excedentes que pudieran existir en la Administración General del Estado y sólo en el caso de que no fuese suficiente esta aportación interna, CC.OO. y UGT proponen que la Oferta de Empleo Público cuente con plazas reservadas para el Fogasa hasta alcanzar la plantilla deseable.