Becerril insta a regular la equiparación en empleo de personas con discapacidad intelectual menor del 33%

Laboral

Becerril insta a regular la equiparación en empleo de personas con discapacidad intelectual menor del 33%

La Defensora del Pueblo ha instado al Gobierno a regular ya la equiparación de personas con capacidad intelectual límite a efectos de empleo.

En este sentido, la institución recomienda proceder, "con la mayor brevedad posible" a dar cumplimiento al mandato de la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU, y a aprobar las normas reglamentarias "que sean necesarias" para que las personas con capacidad intelectual límite, que no alcancen un grado de discapacidad del 33%, puedan ver reconocida su situación y acogerse a las medidas de fomento al empleo que les resulten de aplicación.

Previamente, la Oficina de la defensora del Pueblo, tras haber admitido a trámite la queja planteada por el CERMI en este sentido, afirma que, según le fue trasladado por parte de la Secretaría de Estado de Empleo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, entendió que se habían iniciado ya los trabajos para la elaboración del Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el cual debería presentarse en las Cortes Generales antes del verano.

El objetivo de este Proyecto de Ley, según informa, es establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y al mantenimiento del empleo de calidad de estas personas, previa consulta a las Comunidades Autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, la Defensora del Pueblo manifiesta que entiende que las condiciones que deben reunir las personas con capacidad intelectual límite, que no alcanzan el 33% de discapacidad, para que les sea reconocida dicha situación y poder beneficiarse de las medidas de apoyo al empleo existente y a las que contemple la nueva Ley, tienen que estar detalladas en el reglamento correspondiente, según establece la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU.

Sin embargo, continúa, superado el plazo que fija dicha Ley, el Gobierno "no ha aprobado el preceptivo reglamento", lo cual "impide a los posibles afectados acogerse, entre otras, a las medidas que se contemplan para estas personas en el Real Decreto sobre la Estrategia Española de Empleo 2012-2014".

Por ello, la institución recomienda a las respectivas Secretarías que regule ya la equiparación de personas con capacidad intelectual límite a efectos de empleo e indica que, en el plazo no superior a un mes, debe recibirse, por parte del Gobierno, la preceptiva respuesta, en lo que se refiere a la aceptación o no de la recomendación formulada y que, en el caso de que fuera negativa, tendría que señalar las razones.


En este sentido, la institución recomienda proceder, "con la mayor brevedad posible" a dar cumplimiento al mandato de la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU, y a aprobar las normas reglamentarias "que sean necesarias" para que las personas con capacidad intelectual límite, que no alcancen un grado de discapacidad del 33%, puedan ver reconocida su situación y acogerse a las medidas de fomento al empleo que les resulten de aplicación.

Previamente, la Oficina de la defensora del Pueblo, tras haber admitido a trámite la queja planteada por el CERMI en este sentido, afirma que, según le fue trasladado por parte de la Secretaría de Estado de Empleo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, entendió que se habían iniciado ya los trabajos para la elaboración del Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el cual debería presentarse en las Cortes Generales antes del verano.

El objetivo de este Proyecto de Ley, según informa, es establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y al mantenimiento del empleo de calidad de estas personas, previa consulta a las Comunidades Autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, la Defensora del Pueblo manifiesta que entiende que las condiciones que deben reunir las personas con capacidad intelectual límite, que no alcanzan el 33% de discapacidad, para que les sea reconocida dicha situación y poder beneficiarse de las medidas de apoyo al empleo existente y a las que contemple la nueva Ley, tienen que estar detalladas en el reglamento correspondiente, según establece la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU.

Sin embargo, continúa, superado el plazo que fija dicha Ley, el Gobierno "no ha aprobado el preceptivo reglamento", lo cual "impide a los posibles afectados acogerse, entre otras, a las medidas que se contemplan para estas personas en el Real Decreto sobre la Estrategia Española de Empleo 2012-2014".

Por ello, la institución recomienda a las respectivas Secretarías que regule ya la equiparación de personas con capacidad intelectual límite a efectos de empleo e indica que, en el plazo no superior a un mes, debe recibirse, por parte del Gobierno, la preceptiva respuesta, en lo que se refiere a la aceptación o no de la recomendación formulada y que, en el caso de que fuera negativa, tendría que señalar las razones.

 

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