En su texto de enmienda, que recoge Europa Press, el PSOE argumenta que la Autoridad que ha proyectado el Gobierno "no cumple los estándares mínimos" de independencia, autonomía y capacidad fiscal que preconiza la directiva europea de la cual se deriva la obligación de crear este nuevo organismo, que el Gobierno trata de soslayar con un "cumplimiento meramente formal", lo que causará un importante daño en la "credibilidad y reputación del país".

"Se ha configurado una ‘autoridad’ de responsabilidad fiscal excesivamente dependiente del Gobierno", señalan los socialistas, argumentando que esto imposibilitará mejorar la transparencia de la política fiscal, y señalando también que el carácter presidencialista del órgano "impedirá una valoración plural y contrastada de las previsiones económicas, favoreciendo un mayor control gubernamental".

Propuesta alternativa

Por ello, el partido mayoritario de la oposición propone adscribir la nueva Autoridad Fiscal al Parlamento y configurarla como un órgano "colegiado y plural" de dirección, con nombramientos que deban ser avalados por las Cortes "para asegurar el mayor consenso y su independencia del Gobierno".

Así, el PSOE propone crear en un plazo máximo de tres meses un Consejo Independiente de Finanzas Públicas que vele por el "estricto cumplimiento" de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante una "evaluación continua" del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Para ello, el Consejo debería "valorar las previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo, y analizar la implementación y la ejecución de las políticas fiscales para detectar de forma temprana las posibles desviaciones". También podría emitir "cuando considere conveniente" opiniones sobre materias relacionadas.

Entre los informes preceptivos que debería realizar se cuentan los de previsiones económicas del Gobierno, sobre el Programa de Estabilidad, un informe anual sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto; y el informe previo a la aprobación de los planes económico-financieros de las administraciones en dificultades. También podría informar sobre la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas o coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad.

Para garantizar su independencia, el propio Consejo aprobaría su estatuto orgánico (en lugar de que lo haga el Gobierno, como está previsto) y también sus cuentas anuales, que deberían ser sancionadas por las Cortes y se integrarían en los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de financiarse mediante una tasa.

La propuesta socialista precisa también que el Consejo debería estar compuesto por un presidente y por otros seis consejeros, que constituirían el Comité de Dirección. Su nombramiento debería estar avalado por una mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso y el mandato sería de seis años sin posibilidad de renovación.

Además, el PSOE sugiere crear un Consejo Asesor formado por seis profesionales especializados en asuntos fiscales y económicos, y un Comité Técnico de Cuentas Nacionales, integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España y la Intervención General del Estado, y que podría realizar verificaciones y contrastes de la información suministrada desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Objetivo equivocado

Por su parte, la enmienda de IU-ICV-CHA reclama la devolución al Gobierno del proyecto de ley por no considerar necesario crear esta nueva Autoridad Fiscal, ya que "el Estado ya cuenta con instrumentos suficientes" para controlar las cuentas públicas. Además, la coalición cuestiona "por sus efectos económicos y sociales negativos" el propio objetivo de estabilidad presupuestaria que se pretende garantizar con este nuevo organismo.

Asimismo, duda de la independencia de la Autoridad tal y como está definida en el proyecto de ley, y critica que ésta sea una nueva vía para "dar confianza" a unos mercados financieros "insaciables" y que "aprovecharán el marco legal para desarrollar sus movimientos especulativos que llevan a las economías más débiles a una presión permanente". "Lo último que necesitamos para empezar a superar la crisis preservando el Estado social es el dogmatismo fiscal y una autoridad a su servicio", zanja la Izquierda Plural.

También Convergència i Unió (CiU) pone en tela de juicio una independencia que "no pasa de ser una mera apariencia" ya que el Gobierno decidirá tanto los nombramientos como el estatuto orgánico. "CiU apoyará la creación de la autoridad, si ésta fuera realmente independiente, pero en la redacción del proyecto de ley del Gobierno no es ésta la realidad", precisan.

Además, los nacionalistas catalanes creen que la normativa "incorpora nuevos recortes en la autonomía de las comunidades" y "condiciona enormemente su capacidad y la del Consejo de Política Fiscal y Financiera de participar en el proceso de distribución" de los objetivos de déficit y deuda pública.

Por último, reprocha que se estipule que ciertos informes son obligatorios y, a la vez, se obligue a las comunidades a pagar una tasa por ellos para financiar "un nuevo ente creado con un claro espíritu de control de las comunidades", y rechaza también que no las administraciones afectadas no puedan contrastar, alegar o recurrir los informes antes de su publicación.

Busca recentralizar

En la enmienda del PNV se argumenta que el proyecto de ley "vulnera e ignora el actual marco jurídico que en materia de política fiscal y financiera es aplicable a los regímenes forales", un "olvido o no consideración" que a entender de los nacionalistas vascos "justifica sobradamente" la petición de devolución del proyecto al Gobierno.

Por su parte, ERC abunda también en que esta autoridad "no es en realidad tan independiente" sino que se trata de un organismo "a la merced del Gobierno de turno", y cree que su puesta en marcha supondrá la "defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las comunidades, sustrayendo el ámbito de decisión política de las mismas y depositándolo en un órgano cuyos miembros son nombrados a dedo por el Gobierno de España". "Es la culminación del proceso recentralizador", acusan los independentistas.

Finalmente, el BNG critica el "dogma económico invariable" del déficit cero que alcanza su máxima expresión con una autoridad que ejercerá un "control extremo de la política presupuestaria" de todas las administraciones y "maniatando" su capacidad financiera autónoma para aplicar políticas presupuestarias diferentes. "Es un instrumento directo al servicio del Ejecutivo central para intervenir en la política económica de las comunidades", reiteran, criticando además que se vaya a usar para imponer una política económica "equivocada".