En el texto definitivo se "insta al Gobierno a desarrollar la regulación oportuna de los tipos de interés de demora de los créditos hipotecarios, estableciendo un máximo legal que evite los intereses de demora desproporcionados y/o abusivos".

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo había defendido fijar en 2,5 veces el tipo de interés legal que cada año establecen los Presupuestos Generales del Estado como máximo para este tipo de intereses. Además, pedía que los vencimientos anticipados "no se pueda ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante un mínimo de seis meses", entre otras medidas.