El debate se ha producido a raíz de una moción derivada de una interpelación que los nacionalistas vascos hicieron hace unas semanas a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Grupo Parlamentario Vasco instaba al Ejecutivo a recuperar estas subvenciones, que desaparecieron el pasado mes de agosto y que tampoco se incluyen en el decreto ley de reforma laboral.

Finalmente, los nacionalistas vascos han pactado con el PP el compromiso de "presentar al Congreso, en el plazo de cuatro meses, un Informe de Evaluación de ampliación de la subvención para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, reconociendo especialmente a las personas con discapacidad severa y proponiendo medidas de discriminación positiva, procurando mantener el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional en el marco de la disponibilidad presupuestaria para los colectivos con especial dificultad que trabajen en estos centros sin ánimo de lucro".

De esta manera se continuará avanzando, "de acuerdo con el CERMI", en políticas que "posibiliten la convergencia del empleo protegido y de los Centros Especiales de Empleo hacia tasas medias de la OCDE" que, según el PNV, alcanzan el 9,2 por ciento de discapacitados por cada mil habitantes que tienen un empleo protegido en Holanda, el 5,6 por ciento en Suiza o el 4,2 por ciento de Francia o Alemania, frente al 0,6 por ciento de España.

FLEXIBILIZAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Fuera del acuerdo ha quedado el punto de la moción del PNV en el que pedían que se "flexibilice" la edad de jubilación anticipada para este colectivo "en el caso de las personas con discapacidad" que sean "particularmente vulnerables en materia de empleabilidad", tales como enfermos mentales, discapacitados psíquicos, autistas de más del 33 por ciento y discapacitados físicos y sensoriales con un grado superior al 65 por ciento.

Precisamente, sobre este asunto había presentado una enmienda el PSOE, que finalmente no ha sido aceptada, lo mismo que las enmiendas de UPyD, grupo que ha recordado que "el acceso al mundo laboral es clave para la integración social" porque "los centros especiales de empleo son los motores para la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad". "Todos, antes o después, sufriremos algún tipo de discapacidad", ha subrayado el diputado Toni Cantó.

APOYO GENERALIZADO

También CiU ha votado a favor de esta iniciativa "oportuna y acertada", que ha defendido porque sirve para "corregir" un problema "arrastrado desde la pasada legislatura" y que, de no solucionarse, pondrá en juego "el tejido económico fruto de la iniciativa social, que garantiza el empleo de las personas más frágiles de la sociedad".

"Si hoy hay un centro especial de empleo que debe cerrar por la crisis y por la ausencia de esos recursos que el Estado tiene que dar a las comunidades será muy difícil volver a crear ese empleo. Espero el compromiso político a fondo del PP porque no nos podemos permitir el lujo de hundir el empleo protegido en España", han apostillado desde el grupo nacionalista catalán.

En la misma línea, Coalición Canaria ha destacado la "imperiosa necesidad de facilitar la incorporación de discapacitados en el mercado laboral" y ERC ha alertado de que, de no recuperarse estas subvenciones, "las consecuencias de la crisis las pagarán las personas con más riesgo de exclusión".

Finalmente, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha recordado que "sólo se puede crear empleo para discapacitados con medidas de apoyo especiales" y ha apuntado que "prescindir de éstas sería un serio revés para la sostenibilidad del empleo protegido, sobre todo en medio de esta crisis tan larga y profunda".