El Congreso decidirá el próximo martes cómo adaptar su Reglamento para cumplir la Ley de Transparencia

Jurídico

El Congreso decidirá el próximo martes cómo adaptar su Reglamento para cumplir la Ley de Transparencia

Los servicios jurídicos plantean que tenga su propio portal para ofrecer datos en formato abierto y reutilizable.

La Junta de Portavoces del Congreso tiene previsto decidir en su reunión del próximo martes qué vía utiliza para modificar su Reglamento y adaptarse a las obligaciones de publicidad y acceso a la información que fija la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que se aprobó hace justo un año y que ha entrado en vigor en su totalidad este miércoles.

El presidente de la Cámara, Jesús Posada, es partidario de que los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto y, por eso, la pasada semana remitió a todos ellos el informe realizado por los servicios jurídicos del Congreso, que servirá de base para aplicar la nueva legislación en este materia.

En ese documento, fechado el pasado 2 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, ya se apuntaba que la decisión sobre cómo realizar esa adaptación debería tomarse lo antes posible, habida cuenta de que la ley sería de obligado cumplimiento a partir de este miércoles. Aún así, la Junta de Portavoces no tratará el asunto hasta seis días después de que la norma haya entrado en vigor.

Los letrados dejan claro en su informe que el Congreso ya ha ido publicando en los últimos años numerosos contenidos relacionados con la transparencia como los relativos al régimen económico de los diputados, sus declaraciones de actividades y las patrimoniales y que, básicamente, la adaptación a la nueva legislación debe afectar a todo lo relativo al Derecho Administrativo y pasar por la puesta en marcha de un "nuevo Portal de la Transparencia del Congreso".

La propia Ley de Transparencia establece que el Congreso, como el Senado y las cámaras autonómicas, regularán este tema en sus respectivos reglamentos, con lo que es necesario que uno o varios grupos presenten una proposición de ley para reformar las normas internas de la Cámara Baja.

Dos opciones

Lo que hay que determinar es si se hace una regulación extensa y detallada cambiando aquellos puntos del Reglamento que haya que tocar o simplemente se modifica un artículo para facultar a la Mesa del Congreso a que, oída la Junta de Portavoces, apruebe las normas y adopte las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia, tanto en lo relativo a las actividades de la Cámara, como en lo que versa sobre el derecho de acceso a la información pública de la institución.

El documento de los servicios jurídicos precisa que, sea cual sea la fórmula que finalmente se elija, la regulación debe reconocer el derecho de todas las personas a acceder a la información pública que obre en poder del congreso tanto sobre sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, "cualquiera sea el formato o soporte de los contenidos o documentos".

Asimismo, habría de recoger la puesta en marcha y los contenidos del Portal de la Transparencia de la Cámara especificando la normativa que se está aplicando, las acciones que ha llevado a cabo el Congreso en esta materia, la información institucional y organizativa con enlaces a grupos parlamentarios, diputados y administración parlamentaria e información económica, presupuestaria y contractual.

Las peticiones más populares

Ese nuevo portal debería también contener la información sobre los datos necesarios acerca de la formulación de solicitudes de información y consultas más habituales que recibe el servicio de información al ciudadano y datos en formatos abiertos y reutilizables con enlaces a la página web oficial de la institución.

Respecto a la regulación del derecho de acceso, los letrados proponen que fije un procedimiento para la tramitación de las peticiones que cursen los ciudadanos y para las eventuales impugnaciones y recursos.

En este contexto, plantean que sea la Mesa del Congreso la que resuelva las solicitudes que lleguen a la Cámara, para lo que podría contar con un órgano de asesoramiento. En cuanto a los límites a este derecho, apuestan por diferenciar las demandas de datos sobre la actividad parlamentarias de la que tenga carácter administrativo.


La Junta de Portavoces del Congreso tiene previsto decidir en su reunión del próximo martes qué vía utiliza para modificar su Reglamento y adaptarse a las obligaciones de publicidad y acceso a la información que fija la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que se aprobó hace justo un año y que ha entrado en vigor en su totalidad este miércoles.

El presidente de la Cámara, Jesús Posada, es partidario de que los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto y, por eso, la pasada semana remitió a todos ellos el informe realizado por los servicios jurídicos del Congreso, que servirá de base para aplicar la nueva legislación en este materia.

En ese documento, fechado el pasado 2 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, ya se apuntaba que la decisión sobre cómo realizar esa adaptación debería tomarse lo antes posible, habida cuenta de que la ley sería de obligado cumplimiento a partir de este miércoles. Aún así, la Junta de Portavoces no tratará el asunto hasta seis días después de que la norma haya entrado en vigor.

Los letrados dejan claro en su informe que el Congreso ya ha ido publicando en los últimos años numerosos contenidos relacionados con la transparencia como los relativos al régimen económico de los diputados, sus declaraciones de actividades y las patrimoniales y que, básicamente, la adaptación a la nueva legislación debe afectar a todo lo relativo al Derecho Administrativo y pasar por la puesta en marcha de un "nuevo Portal de la Transparencia del Congreso".

La propia Ley de Transparencia establece que el Congreso, como el Senado y las cámaras autonómicas, regularán este tema en sus respectivos reglamentos, con lo que es necesario que uno o varios grupos presenten una proposición de ley para reformar las normas internas de la Cámara Baja.

Dos opciones

Lo que hay que determinar es si se hace una regulación extensa y detallada cambiando aquellos puntos del Reglamento que haya que tocar o simplemente se modifica un artículo para facultar a la Mesa del Congreso a que, oída la Junta de Portavoces, apruebe las normas y adopte las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia, tanto en lo relativo a las actividades de la Cámara, como en lo que versa sobre el derecho de acceso a la información pública de la institución.

El documento de los servicios jurídicos precisa que, sea cual sea la fórmula que finalmente se elija, la regulación debe reconocer el derecho de todas las personas a acceder a la información pública que obre en poder del congreso tanto sobre sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, "cualquiera sea el formato o soporte de los contenidos o documentos".

Asimismo, habría de recoger la puesta en marcha y los contenidos del Portal de la Transparencia de la Cámara especificando la normativa que se está aplicando, las acciones que ha llevado a cabo el Congreso en esta materia, la información institucional y organizativa con enlaces a grupos parlamentarios, diputados y administración parlamentaria e información económica, presupuestaria y contractual.

Las peticiones más populares

Ese nuevo portal debería también contener la información sobre los datos necesarios acerca de la formulación de solicitudes de información y consultas más habituales que recibe el servicio de información al ciudadano y datos en formatos abiertos y reutilizables con enlaces a la página web oficial de la institución.

Respecto a la regulación del derecho de acceso, los letrados proponen que fije un procedimiento para la tramitación de las peticiones que cursen los ciudadanos y para las eventuales impugnaciones y recursos.

En este contexto, plantean que sea la Mesa del Congreso la que resuelva las solicitudes que lleguen a la Cámara, para lo que podría contar con un órgano de asesoramiento. En cuanto a los límites a este derecho, apuestan por diferenciar las demandas de datos sobre la actividad parlamentarias de la que tenga carácter administrativo.

 

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