Según explican los ‘populares’ en su texto, que recoge Europa Press, las medidas para incentivar la actividad económica a través de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF exigen que la inversión tenga "origen y destino en la propia actividad de naturaleza económica".

Así, si una persona física o jurídica enajena un elemento patrimonial para destinar su importe a adquirir un activo afecto a una actividad económica, esta acción no se puede beneficiar de los incentivos fiscales, puesto que "su origen no procede de elementos afectos también a una actividad económica".

Es decir, que si un particular enajena un solar de su propiedad y destina el beneficio obtenido a adquirir un local para abrir un negocio, no consigue ningún beneficio fiscal por una operación que, sin embargo, sí fomenta la economía y la creación de puestos de trabajo, ya que el origen de la inversión no es ningún elemento afecto a una actividad económica.

Mucha litigiosidad

Esto provoca un "alto nivel de litigios" y también cierta "percepción social negativa", lo que puede llevar a una reducción de los efectos positivos de estas medidas de estímulo e impulso económico y de generación de empleo.

Ante el anuncio de que "se estudiará la mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que sean reinvertidos, así como la implantación de una exención a las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos que se reinviertan en otros activos vinculados a la actividad y la mejora de los beneficios no distribuidos", el PP pide al Gobierno que "determine los elementos patrimoniales que contribuyen a la generación del beneficio procedente de actividades económicas que se pretende incentivar".

Esta precisión deberá hacerse, según señalan los ‘populares’, en el momento de elaborar "las disposiciones legales reguladoras de las ventajas fiscales incentivadoras de la inversión y el empleo en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".