El Congreso rechaza las ideas antidesahucios de la oposición y pide ampliar el Código de Buenas Prácticas

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El Congreso rechaza las ideas antidesahucios de la oposición y pide ampliar el Código de Buenas Prácticas

El PP ha rechazado este martes una tras otra las cinco propuestas planteadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU y BNG para atajar el problema de los desahucios, con el que el Pleno del Congreso ha aprobado únicamente la resolución al Debate del estado de la Nación sobre este tema presentada por los 'populares'.

Así, la Cámara baja insta al Gobierno a facilitar la reestructuración de la deuda, ofrecer un "proceso de ejecución más beneficioso para el deudor" y proteger a los colectivos más vulnerables a través de la ampliación del colectivo beneficiario del Código de Buenas Prácticas, que prevé renegociación, quitas o incluso la dación en pago para los casos más extremos.

El PP también recogía en su texto reclamar un impulso del Fondo Social de Viviendas, y también que se ponga en marcha un Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que apoye el alquiler, la rehabilitación, la regeneración y renovación urbanas.

Hace falta más

Sin embargo, los partidos de la oposición pedían ir más allá. Así, los socialistas proponían que, durante la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago se aproveche para modificar la Legislación Hipotecaria y dar solución al problema de sobreendeudamiento sobrevenido.

Además, pedían suspender de forma inmediata todas las ejecuciones y lanzamientos (independientemente de en qué punto se encuentren y de si van por vía judicial o extrajudicial), así como los intereses de demora, mientras se concluye la tramitación de la nueva normativa.

Concurso privado de acreedores

Por su parte, UPyD incluía en su propuesta de resolución ideas más concretas sobre por dónde debería ir la respuesta a este problema. Así, sugería permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de "dación en pago mediante concurso privado de acreedores", más allá de las negociaciones entre acreedor y deudor.

La formación magenta pedía también mayor protección contra el sobreendeudamiento, iniciativas para garantizar una segunda oportunidad a los afectados y demorar todas las ejecuciones y lanzamientos hasta que se aprueben las reformas legales en curso.

De parecido tenor era la resolución presentada por CiU, que pedía impulsar de forma urgente medidas para paralizar las ejecuciones a colectivos "objetivamente vulnerables" así como facilitar la mediación para dar una segunda oportunidad a las familias afectadas. Esto podría pasar por una legislación concursal para personas físicas en situación de sobreendeudamiento. Además, reclamaban el impulso a un parque de viviendas públicas procedentes de la Sareb que gestionen las administraciones territoriales.

Por su parte, IU-ICV-CHA y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) iban más allá y reclamaban al Gobierno modificar la Ley Hipotecaria conforme a las exigencias recogidas en la ILP, que pasan por la dación en pago retroactiva, la moratoria universal de los desahucios y la creación de un Parque de Vivienda Social en alquiler.


Así, la Cámara baja insta al Gobierno a facilitar la reestructuración de la deuda, ofrecer un "proceso de ejecución más beneficioso para el deudor" y proteger a los colectivos más vulnerables a través de la ampliación del colectivo beneficiario del Código de Buenas Prácticas, que prevé renegociación, quitas o incluso la dación en pago para los casos más extremos.

El PP también recogía en su texto reclamar un impulso del Fondo Social de Viviendas, y también que se ponga en marcha un Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que apoye el alquiler, la rehabilitación, la regeneración y renovación urbanas.

Hace falta más

Sin embargo, los partidos de la oposición pedían ir más allá. Así, los socialistas proponían que, durante la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios y de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago se aproveche para modificar la Legislación Hipotecaria y dar solución al problema de sobreendeudamiento sobrevenido.

Además, pedían suspender de forma inmediata todas las ejecuciones y lanzamientos (independientemente de en qué punto se encuentren y de si van por vía judicial o extrajudicial), así como los intereses de demora, mientras se concluye la tramitación de la nueva normativa.

Concurso privado de acreedores

Por su parte, UPyD incluía en su propuesta de resolución ideas más concretas sobre por dónde debería ir la respuesta a este problema. Así, sugería permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de "dación en pago mediante concurso privado de acreedores", más allá de las negociaciones entre acreedor y deudor.

La formación magenta pedía también mayor protección contra el sobreendeudamiento, iniciativas para garantizar una segunda oportunidad a los afectados y demorar todas las ejecuciones y lanzamientos hasta que se aprueben las reformas legales en curso.

De parecido tenor era la resolución presentada por CiU, que pedía impulsar de forma urgente medidas para paralizar las ejecuciones a colectivos "objetivamente vulnerables" así como facilitar la mediación para dar una segunda oportunidad a las familias afectadas. Esto podría pasar por una legislación concursal para personas físicas en situación de sobreendeudamiento. Además, reclamaban el impulso a un parque de viviendas públicas procedentes de la Sareb que gestionen las administraciones territoriales.

Por su parte, IU-ICV-CHA y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) iban más allá y reclamaban al Gobierno modificar la Ley Hipotecaria conforme a las exigencias recogidas en la ILP, que pasan por la dación en pago retroactiva, la moratoria universal de los desahucios y la creación de un Parque de Vivienda Social en alquiler.

 

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