El Congreso pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad

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El Congreso pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha votado por unanimidad un texto pactado por el PP y UPyD en la que pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad más allá del 1 de enero de 2013.

Precisamente, el Gobierno aprobó en su real decreto de 30 de diciembre de medidas de ajuste posponer al 1 de enero de 2013, es decir, un año más tal y como hizo el anterior Ejecutivo socialista, la entrada en vigor del permiso de paternidad de un mes por problemas presupuestarios.

Más concretamente, el texto pactado por todos los grupos parlamentarios, a instancias de UPyD, pide no volver a retrasar la entrada en vigor de la "ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida", ratificando su firme compromiso de que el 1 de enero de 2013 entre en vigor "de una vez por todas" el permiso de cuatro semanas para los padres.

El defensor de dicha iniciativa, Toni Cantó, ha puesto como ejemplo el caso de Islandia, cuyo gobierno actual ha ampliado el permiso parental concediendo tres meses intransferibles a cada progenitor y nueve más que se reparten a voluntad.

Igualmente, se solicita al Gobierno que elabore "de forma diligente" un nuevo Plan que permita avanzar en la consecución del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón por razón de sexo. "Los avances concretos que el gobierno piensa desarrollar en la presente legislatura en materia de conciliación y corresponsabilidad serán objeto de un plan específico que el Ministerio elaborará", cita el texto respaldado por todos los grupos parlamentarios.

Igualdad de género en la actividad laboral

Por otro lado, esta comisión parlamentaria ha dado luz verde por unanimidad a un texto pactado entre PP, PSOE y BNG, que ha sido defendida inicialmente por la nacionalista gallega, Olaia Fernández Davila, en la que reclama al Ejecutivo la promoción y creación de un grupo de trabajo especializado en el que participen los agentes sociales (patronal y sindicatos representativos).

Entre otros objetivos quieren que dicho grupo de trabajo impulse políticas destinadas a la eliminación de toda discriminación salarial y condiciones laborales de las mujeres, así como a cualquier referencia sexista en las categorías profesionales y asegurar la igualdad de remuneración para trabajos de igual valor.

Igualmente, plantean la revisión de los convenios colectivos de manera que las categorías o grupos profesionales se vayan adaptando a criterios efectivos de igualdad entre hombres y mujeres, así como el fomento de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros aspectos.


 

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