Se trata de una proposición no de ley que ha sido impulsada por CiU, y que finalmente ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios, salvo por Amaiur y Geroa Bai, en un texto pactado por los nacionalistas catalanes, PNV, PP y PSOE.

Así, quiere que el Ejecutivo impulse un conjunto de medidas dirigidas a los servicios a la persona, con el fin de dar cobertura a la demanda de estas prestaciones, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y regularizar el empleo sumergido en el sector.

Igualmente plantea al Gobierno que, una vez concluido el período de seis meses naturales, a contar desde 1 de enero de 2012 — que establece la disposición adicional Trigésimo novena de la Ley de 2011 para hacer efectiva la integración del régimen especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social– el Ejecutivo proceda a la elaboración de un estudio de las repercusiones y resultados de tal integración.