El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado esta mañana el documento que, a partir del uno de septiembre, evitará a los pensionistas tener que pagar por encima del tope establecido por la ley.

El consejero de Sanidad ha explicado lo que se pretende con esta medida, que es garantizar al paciente que no tiene que desembolsar nada más que lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril; es decir un máximo de 8 euros mensuales para pensionistas con ingresos
anuales inferiores a 18.000 euros y un máximo de 18 euros para aquellos que tengan una pensión superior a los 18.000.

Por su parte, los pensionistas con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros, aportarán el 60% del precio de la receta con un límite máximo de 60 euros al mes.

A pesar de que el Real Decreto establece que se pueden hacer devoluciones semestralmente de las cuantías adelantadas, la Comunidad de Madrid no quiere que los pensionistas tarden tanto tiempo en recuperar su dinero y, también a partir del uno de septiembre, se les devolverá lo que hayan pagado de más desde la aplicación del Decreto, es decir los meses de julio y agosto.

El consejero de Sanidad agradeció la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y de los farmacéuticos de la región que han prestado una vez más su colaboración y supervisión para poner en práctica este mecanismo.

Los pacientes podrán obtener el documento de dispensación en el centro de salud. En el momento de la entrega, el profesional del centro de salud cumplimentará el documento incluyendo los datos del paciente, el código de aportación y el mes de validez. Esta tarjeta es intransferible y propiedad del paciente.

En la farmacia el farmacéutico irá rellenando los campos cada vez que el paciente retire su medicación con el precio de tratamiento y la aportación del pensionista hasta que llegue a su tope máximo (8, 18 o 60 euros según sus ingresos) y a partir de ahí, el tratamiento se le facilitará sin coste alguno.

En meses posteriores este formato se cambiará a otro informatizado con el que se continuará dando garantía al ciudadano sobre las cantidades a desembolsar.