Pese a que el PP había mantenido hasta el último momento el ‘no’ a la enmienda de la federación que pretendía subir el canon del agua, el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, y su homólogo del PP, Enric Millo, han conseguido llegar a un acuerdo que rebaja en un punto el porcentaje del incremento previsto e introduce un ‘bonus social’ en beneficio de los que tienen menos recursos.

El resto de formaciones han expresado su rechazo a la medida, que CiU justifica para atajar el déficit de 1.300 millones de euros que arrastra la Agencia Catalana del Agua (ACA) desde los gobiernos de Jordi Pujol.

El acuerdo, en concreto, establece un incremento del canon para 2011 del IPC más cuatro puntos porcentuales; la modificación de los tramos de consumo, con la garantía del mantener el trato específico de las familias numerosas, y la introducción del citado ‘bonus social’.

Después de que en 2010 el canon del agua sólo aumentara un punto por encima del IPC y no tres como se contemplaba, la federación y los populares consideran que debe aplicarse ahora una subida de cuatro puntos durante los tres primeros trimestres de 2011 para compensar este desajuste.

El diputado de CiU en el Parlament Ramon Espadaler ha defendido el "coraje" de la medida ante los problemas estructurales que sufre la ACA, tras criticar que no lo hubiera hecho el tripartito antes.

Según Espadaler, la aplicación de la iniciativa supone un aumento de dos euros al mes el precio del agua para una familia de tres miembros con un consumo "normal" de agua.

Asimismo, el diputado del PP José Antonio Coto ha avisado del riesgo de quiebra de la ACA si no se solventa su deuda, culpando a CiU y al tripartito de haber puesto en riesgo la potabilización del agua: "Estaríamos más cerca entonces de la Edad Media que del siglo XXI".

OTRAS CUESTIONES

La ley de medidas, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, también fija las bases para la futura reorganización del ICF; modifica los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción; condiciona la convocatoria de ayudas de la ley de barrios a la disponibilidad del fondo; elimina la cuota anual de la etiqueta ecológica y modifica la deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF, entre otros.

El diputado del PP en el Parlament José Antoni Coto ha explicado que la abstención de su grupo responde a una actitud "responsable" que permite frenar el déficit y la deuda, así como el intento del PSC, ICV-EUiA y ERC de implantar de nuevo el impuesto de Sucesiones, entre otras cuestiones.

El resto de partidos han lamentado las novedades que implementa la ley de acompañamiento, como el diputado del PSC Jaume Collboni, que ha expresado su rechazo a los recortes y ha criticado que el Govern no haya intentado abrir el camino de las reformas pactadas con la oposición.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz y de ERC Sergi de los Ríos, quien han puesto el acento de sus críticas en la supresión de Sucesiones, en la deducción de vivienda y en la eliminación de la Ley de Barrios, mientras que el diputado de C’s Jordi Cañas ha asegurado que la normativa "es una ley ómnibus camuflada" que consolida recortes en derechos sociales y amenaza la cohesión social.