Según informa el CERMI, ni el Gobierno actual, ni el anterior, han atendido el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley 49/2007 de 26 de diciembre, que ordena remitir a las Cortes un informe anual para dar cuenta de las actuaciones efectuadas cada año, el coste económico de las mismas y la programación de las actuaciones futuras, así como las sanciones impuestas y su rendimiento económico.

"Desde 2008, fecha de aplicación de esta obligación legal, ninguno de los Gobiernos que se han sucedido ha confeccionado ni remitido a las Cortes Generales el Informe mencionado, permaneciendo incumplido el imperativo legal", denuncia la organización, que pide la intervención de la Defensora del Pueblo para instar al Gobierno a hacer efectivo este mandato.