La bronca ha tenido su origen en la filtración a la prensa del citado anexo, en el que se proponen diversas medidas para modificar un procedimiento de ejecución hipotecaria que se tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos.

Según una nota difundida por el Consejo, dicho texto "no fue formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración" del texto, por lo que el órgano de gobierno de los jueces se ha limitado a señalar que no asumía su contenido y que tan siquiera lo sometía a debate.

Otras fuentes del Consejo señalan, sin embargo, que el vocal Almenar y otros consejeros han explicado que el contenido de este anexo sí había sido consensuado por los seis magistrados que elaboraron el inform, que les había sido encargado para estudiar medidas de agilización de los procedimientos civiles.

Informe desconocido

El texto, a pesar de ser incluído en el orden del día del Pleno, era desconocido para los vocales hasta ayer a mediodía. El asunto de los desahucios no aparecía en el índice, por lo que para muchos consejeros el tema pasó desapercibido hasta que conocieron su contenido en los medios de comunicación, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

Durante el Pleno celebrado este miércoles un grupo de vocales ha propuesto llevar el contenido del informe a la Comisión de Estudios del Consejo, pero la mayoría se ha negado argumentando que al Consejo del Poder Judicial no le compete la iniciativa legislativa.

Para otros vocales, se trata de un informe como muchos de los que llegan a este órgano, éste concretamente centrado en la agilización de procesimientos civiles (hay otros dos encargados sobre procesos penales y contenciosos) y su función es la de servir de instrumento de debate en los ámbitos universitario, social y parlamentario.

Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de desahucios, el citado anexo sugiere la modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente.

Reconoce también que el actual panorama económico, en el que se registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al inicio de la crisis, (un aumento del 20,6 por ciento en el último año) "evidencia una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales".

Pese a advertir que parte de sus propuestas pueden ser consideradas por muchos como "descabelladas", el autor del informe añade que "lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social". El informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler.