La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha alertado de las previsiones de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios, que según este organismo, "pueden comprometer seriamente la capacidad de las instituciones para evitar que la crisis económica redunde en un aumento de la discriminación y de las desigualdades".

Bravo se ha referido a este reciente informe durante su participación en el acto de clausura de unas jornadas organizadas por UGT y el órgano de gobierno de los jueces en las que se han analizado diversos temas de actualidad referidos al papel de las centrales sindicales en la actualidad.

En opinión de Bravo, los riesgos más preocupantes pasan por la discriminación salarial por razón de sexo, puesto que "persisten las diferencias de retribución entre hombres y mujeres" y porque "las dificultades económicas que atraviesan las empresas, que son reales, son también un obstáculo que frena la equiparación".

VISIBILIDAD DEL ACOSO SEXUAL

La crisis puede provocar, según la portavoz del CGPJ, que el fenómeno del acoso sexual en el trabajo "pierda visibilidad social" porque las mujeres más vulnerables a estas conductas delictivas, que

son las jóvenes económicamente dependientes, las inmigrantes, solteras o divorciadas "prefieran no denunciar por el miedo a perder el puesto de trabajo y la necesaria nómina".

Bravo ha mostrado igualmente su preocupación por la situación de los trabajadores inmigrantes "que llegaron a España en épocas de bonanza" y aceptaron situaciones discriminatorias "que no sólo perduran, sino que en los últimos años se han acentuado", y ha subrayado también el problema de la precarización y el desempleo juvenil.

"Los jóvenes españoles de hoy conforman una de las generaciones mejor preparadas de la historia -ha insistido Bravo-. Pero el mercado laboral apenas les ofrece puesto de trabajo de sueldo escaso, condiciones inestables y futuro incierto".

Frente a esta situación, la portavoz del CGPJ ha destacado el papel de los sindicatos como "sujeto político", de manera que su actuación pueda "incidir en el sistema político en su conjunto".

"Por eso las centrales sindicales ocupan con propiedad espacios desde los que entablar negociaciones generalizadas con el Gobierno, con el Poder Legislativo o los partidos políticos, con los que pueden abordar asuntos de tal trascendencia como política económica y social y para lo que pueden recurrir a medidas de presión colectiva en defensa de los interés de los trabajadores", ha concluido la vocal.

En el simposio, que comenzó el jueves, han participado jueces y magistrados de las Salas de Lo Social de distintos tribunales y representantes sindicales, y también se ha contado con una ponencia de la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.