En un comunicado, Asefiget indica que la medida, que limita a 50.000 euros el importe de los bienes a declarar, también puede afectar a aquellos españoles que, en su día, trabajaron fuera de España y dejaron alguna casa o cuenta bancaria abierta en el otro destino, ya que también tendrán la obligación de declarar dichos bienes porque la medida afecta a cualquier persona física o jurídica residente en España (que viva en territorio nacional más de 182 días al año y/o tengan aquí a su familia o su negocio).

Para Asefiget, la declaración de bienes en el extranjero, "además de tremendamente compleja" por la multitud de supuestos que abarca, tiene que presentarse vía telemática y de no ser así, será motivo de sanción.

En concreto, indica que si la declaración se presenta fuera de plazo o con algún error en los requisitos requeridos, la sanción mínima será de 1.500 euros, mientras que si se elude la obligación de presentarla y la Agencia Tributaria lo detecta, la multa asciende a un mínimo de 10.000 euros.

Además, en este segundo caso Hacienda interpretará los bienes no declarados en concepto de ganancia patrimonial; es decir, que aunque esos bienes pertenezcan al contribuyente con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, la Agencia Tributaria lo computará como si se tratara de un ingreso en la renta de este año.

De este modo, si no se presenta a declaración, el contribuyente responderá por la cuantía no declarada pagando por tres conceptos: lo que le corresponde por la renta a liquidar, las sanciones correspondientes al protocolo sancionador por no haber liquidado la renta en la forma y plazos correspondientes y las sanciones por el régimen sancionador específico de la obligación de información de bienes en el extranjero.

Asefiget advierte de que esta medida puede afectar a economías familiares, no necesariamente a grandes fortunas, y recuerda que el plazo para comunicar estos bienes concluye el 30 de abril para este ejercicio.

Por último, los asesores fiscales se preguntan dónde está el "techo del afán recaudatorio" y de obtención de información de la Agencia Tributaria, a quien recuerda que el "aparato de persecución al contribuyente se mantiene económicamente gracias a los impuestos que estos últimos pagan".