La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros en el mes de marzo en forma de decreto, y siendo posteriormente transformada en proyecto de ley para incorporar las modificaciones propuestas por la oposición.

Su objetivo es tratar de flexibilizar los trámites durante el preconcurso de acreedores y así mantener la supervivencia de las empresas endeudadas.

La oposición ha solicitado la creación de un código de buenas prácticas voluntario, para que las entidades financieras ofrezcan a las pymes y a los autónomos un procedimiento con el que poder gestionar la refinanciación o reestructuración de sus deudas.