Esta es una denuncia tradicional de las patronales de servicios de dependencia, sin embargo, hasta ahora no se había conocido el volumen de dinero destinado a cada una de las partidas. La Evaluación de la aplicación de la ley dada a conocer este viernes por el Gobierno, que llega con casi un año de retraso, refleja que en 2009 y 2010 se gastaron 4,4 millones de euros en prestaciones económicas a los dependientes, frente a los 1,2 millones que se usaron para pagar servicios directos.

Estas cifras no recogen el gasto que se generaba en atender a personas con dependencia antes de la entrada en vigor de la ley, un importe que afrontaban los servicios sociales de las distintas autonomías a través de sus ayuntamientos. Por tanto, se trata del gasto nuevo que ha generado la aplicación de la norma, un montante que deberían afrontar casi al 50% el Estado y las comunidades autónomas, con una aportación del 33% a cuenta de los beneficiarios.

El estudio explica que las prestaciones económicas recogidas en la Ley "tienen una naturaleza subsidiaria respecto de los servicios", ya que "únicamente cabe su reconocimiento cuando no resulte posible" atender al dependiente prestándole un servicio. No obstante, reconoce que "la gestión llevada a cabo por las comunidades indica que realmente existe una preponderancia" en la concesión de las ayudas económicas.

Los datos correspondientes a diciembre de 2010 y que, según la Evaluación, "no varían en esencia" respecto a años anteriores, reflejan que un 65,53% de los dependientes de Grados II y III (los más graves) están recibiendo una prestación económica, que en la mayoría de los casos (57,56%) es para cuidados en el entorno familiar.

No llega al 40% la cifra de dependientes que, en la misma situación, disfrutan de servicios. En total, el 14,3% recibe ayuda a domicilio; el 6,8% tiene plaza en un centro de día o de noche y el 18% está siendo atendido en una residencia, según los mismos datos.

MURCIA A LA CABEZA

En concreto, las prestaciones económicas para cuidados familiares son mayoritarias en Murcia donde algo más del 83% de los dependientes son atendidos por parientes en su casa. Les siguen Ceuta y Melilla, con un porcentaje del 64,3; Cataluña, con un 70,1%; Castilla-La Mancha, donde se da en el 68,9%; La Rioja, con un 67,2% y Navarra, donde llegan al 65,9% de los dependientes.

Por contra, la Comunidad de Madrid, con un 22,8%, es la región que menos prestaciones económicas de este tipo reconoce. Allí, un 38,91% de los dependientes de grados II y III cuenta con atención residencial, según los datos que ha proporcionado al Ejecutivo para la Evaluación.

También son más elevados los porcentajes de atención residencial en Comunidad Valenciana, con un 36,2%; Canarias, con un 26,6%; Asturias, que llega al 22,8% y País Vasco, que registra un 22,4. En Murcia, sin embargo, no llega al nueve por ciento; en Ceuta y Melilla está en un 9,4; en Andalucía, es del diez por ciento; Aragón, 14,2% y Galicia, son un 14,4%.

DESAJUSTE EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN

Con todo, la Evaluación destaca que no en todas las comunidades autónomas se atiende a una cifra de dependientes acorde con el total de su población. Este es el caso de Madrid, donde vive el 14% de los habitantes de España y que atiende al cinco por ciento del total de dependientes del país. En Valencia, con un 11% de la población española, el porcentaje de dependientes respecto del global es del 5,6%, casi como en País Vasco, donde vive mucha menos gente.

Además, el documento pone de relieve desajustes en la financiación de la ley, que deberían costear al 50% la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, con una aportación del 33% de los beneficiarios. En cuanto a los usuarios, el promedio de copago oscila entre el 5% y el 15% en función de si reciben una prestación económica (que tiene menos retorno) o un servicio.

Sobre la AGE, el informe indica que el año pasado aportó el 54% del total, mientras los gobiernos autonómicos aportaron un 46 por ciento. No obstante, existen diferencias entre las regiones y cinco de ellas aportan un presupuesto adicional igual o superior al recibido del Estado. Esto ha ayudado a compensar el balance ya que Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia han aportado menos de lo que les correspondía: por debajo del 30%.